El Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantiene en la mira el proyecto energético de Punta Catalina, por las diversas irregularidades de que, dicen, está rodeado, las mentiras que aseguran hay en lo que se dice representarán las plantas y por el reciente hallazgo que reveló la diputada Faride Raful de que el Banco de Reservas es utilizado como ‘caja chica’ para financiar la empresa privada a cargo de la construcción de la obra.
Al participar ayer en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, parte de la dirigencia de esa organización expresó las razones que tienen para desaprobar el proyecto.
El excandidato presidencial del PRM, Luis Abinader criticó que se esté vendiendo la idea de los beneficios de la termoeléctrica en el sentido del costo de los kilovatios/hora, porque mientras el administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) dice que se venderá entre 10 y 12 centavos de dólar, en Centroamérica y en Chile se está contratando energía solar entre cuatro y cinco centavos.
Al respecto, Raful agregó que tampoco es cierto que la planta resolverá el tema de los apagones, porque los que se producen en el país son financieros, aunque sí producirá mayor disponibilidad al sistema.
Entiende que por los costos en que ha incurrido en Estado para la obra, terminará vendiendo el kilovatio/hora al mismo precio que los generadores.
Irregularidades marcadas. La congresista explicó que en investigaciones propias de sus funciones la llevaron a descubrir irregularidades en el proyecto, que llevan a no entender la razón por las que los ligados a todo el proceso que se ha seguido hasta el momento, no están incluidos en las indagatorias del caso de la empresa brasileña Odebrecht, que realiza la obra.
Uno de los aspectos que considera más alarmantes es la línea de crédito otorgada por el Banco de Reservas por un monto de US$700 millones, teniendo como garante solo al Estado dominicano a través de la CDEEE.
“Estamos usando una entidad del Estado, con una línea de crédito del Banco del Estado para financiar a una empresa del sector privado. Eso no está consignado en duda pública y el contrato EPC de Punta Catalina en su punto 19 prohíbe que la CDEEE haga ese tipo de transacciones para esos fines, o sea que se viola el contrato y la Ley de Crédito Público”, indicó.
Otro aspecto irregular que señaló fue la variación en el costo final de la obra que en inició se aprobó por US$1,945 millones y luego se hizo una adenda donde subió a US$2,050.
Recordó que posterior a eso se estableció que, también en violación a la Ley, la CDEEE destinó fondos del subsidio eléctrico por un monto de US$562.3 millones al proyecto. “Ya vamos por US$2,507.3 millones y eso implica una sobrevaluación que debe ser investigada de manera exhaustiva”, indicó.
A esto sumó los US$600 millones en bonos que se introdujeron al Congreso, para sustituir el financiamiento que ya no podría realizar el Banco Internacional de Desarrollo de Brasil, pero que terminaron siendo considerados como una deuda nueva, por el arrastre de compromisos transaccionales que tenía el banco brasileño.
“Punta Catalina es el caso más grande que ha tenido Odebrecht en el país desde el 2002 a la fecha y no hay ninguna persona que esté siendo ni involucrada, ni perseguida por el Ministerio Público ni se le ha levantado acusación por haber, probablemente incurrido en una sola violación al proceso de adjudicación pero tampoco hay un solo congresista en este momento ni de los que están ni de los que se fueron siendo investigado”, criticó Raful.
Sobre Andrés Bautista. En relación a la diferencia que establece el PRM entre los señalamientos al presidente de la organización, Andrés Bautista, y el resto de los implicados en el caso Odebrecht, el dirigente Roberto Fulcar aclaró que no serán obstáculo para que la justicia juegue su rol.
“En esta etapa del proceso hemos dicho que hay personas en este proceso de medidas de coerción como Andrés Bautista, presidente del PRM que para nosotros es una persona honesta, para nosotros la razón principal para su vinculación al proceso es por el rol opositor que ha estado jugando en este periodo desde la división del Partido Revolucionario Dominicano, cuando fue secuestrado por el Partido de la Liberación Dominicana”, señaló.
Dijo que creen en el debido proceso y en una aplicación de la justicia.