El Partido Revolucionario Moderno (PRM) orientó a sus diputados dar apoyo al proyecto de Ley de Reorganización de la Administración Pública propuesto por la diputada Faride Raful, mediante el cual, ahorraría al gobierno más de 15 mil millones de pesos que bien pueden dedicarse a la salud y a la seguridad ciudadana.

Mediante un documento enviado a la prensa de su Dirección Ejecutiva, la organización opositora resalta que la OXFAM acaba de hacer un estudio donde estima el malgasto de la administración pública en 91 mil millones de pesos, sumado a que el FMI ha proyectado que la corrupción a escala mundial anda en el 2% del PIB, eso significaría que en la República Dominicana 78 mil millones de pesos en el presupuesto de 2018.

El PRM, sobre la base de una revisión detallada de más de 6 mil cuentas de gastos del gobierno pudo determinar en 2016 una desviación de fondos del orden de 2.5% del PIB equivalente a 82 mil millones de pesos.

Dice que Latinobarómetro estableció que en 2016 el 46% de los dominicanos habría tenido que pagar algún tipo de sobornos para obtener un servicio público.

“Todos los indicadores internacionales como son el Índice Global de Competitividad, Transparencia Internacional, Latino-barómetro y el Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial señalan un serio deterioro en la institucionalidad del país, caracterizado por un aumento de la corrupción, la desviación de fondos y la impunidad, lo cual deslegitima al Gobierno para poner más impuestos”, enfatiza el PRM.

Afirma que es innegable que si el Gobierno mantiene la misma trayectoria de estos años, en cuanto al descontrol del gasto, la existencia de grandes déficits y el masivo endeudamiento, se producirá un escenario financiero insostenible e inmanejable; el cual se complica debido a la poca credibilidad del gobierno para cobrar más impuestos.

El PRM demanda del gobierno que abandone el camino del despilfarro y la irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos y que adopte un verdadero compromiso con una mejor calidad del gasto, asumiendo que mejorar la calidad del gasto no significa dejar de gastar, sino gastar mejor en lo que necesita la sociedad para materializar los derechos ciudadanos.

Enfatiza que el proyecto de Ley de Reorganización de la Administración Pública presentado por la Diputada Faride Raful es un ejemplo de lo que debería ser una política dirigida a mejorar la calidad de gasto a través de un gobiernomás eficiente, menos burocrático y con políticas públicas de mayor retorno social.

Manifiesta que el proyecto tiene como objetivo “reorganizar y mejorar la gestión pública mediante la disolución y traspaso de funciones de una serie de instituciones, oficinas y departamentos que forman parte del Gobierno Central que carecen de funciones y/o existe duplicidad de la mismas con otras instituciones, provocando dispendio en los gastos corrientes aprobado en la Ley General de Presupuesto” identificando 57 instituciones que tienen un presupuesto de 15 mil 800 millones de pesos.

Faride Raful.

Según el PRM, el proyecto de Ley, también, establece el traslado hacia los ministerios correspondientes, funciones realizadas de manera redundantes por otras instituciones, así como la derogación de decretos y leyes que crean dichas instituciones y la prohibición de la asignación de partidas presupuestarias a otras instituciones que tienen fuente de recursos identificados.

La Organización resalta que “Se prohíbe al Poder Ejecutivo, crear mediante decreto ninguna institución, comisión, consejo o dirección, sin que la misma sea aprobada por el Congreso Nacional, mediante una ley especial y bajo el amparo de la Constitución”.

El proyecto de Ley establece penalidades para los funcionarios o empleados públicos, que de manera individual o conjunta, ejecuten medidas y disposiciones contrarias a dicha Ley.

Este proceso de identificación de 57 instituciones es un primer paso para abrir un amplio proceso de revisión y discusión sobre las múltiples instituciones que forman parte del sector publico dominicano pero cuya efectividad, idoneidad y propósito está cuestionado.

La eliminación y el traspaso de algunas de estas funciones a otras instituciones del Estado permitirían reasignar los recursos a un uso más eficiente en función de las necesidades sentidas de la población y de la materialización de sus derechos, como salud, vivienda, agua potable y saneamiento ambiental, entre otros.