Con su posición planteada en la carta dirigida a monseñor Agripino Núñez, fechada el 15 de julio, el PRM pone condiciones inaceptables para desarrollar un diálogo en torno al proyecto de la ley de partidos y garantías electorales; además se llega al absurdo de pretender suplantar funciones propias del Senado de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura.
El PLD, con su mayoría congresual, puede aprobar la última versión del proyecto de ley de partidos, consensuado en su Comité Político y también en el diálogo propiciado bajo la mediación de monseñor Agripino Núñez, sin embargo en ese momento el PRM se retiró y quedó en suspenso el proyecto. Ahora el PLD propuso otra discusión de los cuatro partidos principales, también bajo la misma mediación.
El PRM pone como condición previa a la discusión de las leyes electorales, la renovación total y consensuada del pleno de la JCE y del cuerpo técnico y administrativo de esa institución, también la renovación completa y consensuada de los miembros del TSE y de la Cámara de Cuentas, la revisión y renovación del cuerpo directivo de las juntas electorales y municipios y en adición incluir en la discusión a los partidos que presentaron candidaturas presidenciales, los mismos que han hecho causa común con el PRM en la denuncia de un “fraude colosal”, más una serie de organizaciones empresariales, el Centro Bonó y Participación Ciudadana.
El PRM pretende que una reunión de dirigentes políticos y de la sociedad civil suplante al Senado de la República para ellos designar los miembros de la JCE y barrer con el personal técnico y administrativo, también designar los miembros de la Cámara de Cuentas y suplantar al CNM para designar los miembros del TSE y que los miembros de estos órganos constitucionales refrenden esa iniquidad.
En el caso de la JCE el asunto es más grave, porque detrás de ella está el Registro Civil, y algunos de los actores políticos y de la sociedad civil, que pretenden sumarlos a la discusión, fueron rabiosamente opuestos a la histórica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional e hicieron causa común con ciertos países que pretenden el país absorba esa masiva inmigración y le otorguemos ciudadanía, contrario a lo que establece nuestra Carta Magna. De eso se trata en el fondo y justamente lo que no le perdonan al presidente de la JCE, Dr. Roberto Rosario, es el papel honorable que jugó en defensa de nuestra soberanía. Algunos partidos y organizaciones de la sociedad civil sueñan con asaltar el Registro Civil para dotar de ciudadanía dominicana a los haitianos que nuestra Constitución y leyes no se las otorga. Tampoco esos sectores perdonan al TSE y a su presidente, Dr. Mariano Rodríguez, por haber aplicado la ley sin contemplaciones.
El pueblo, en el ejercicio cívico del 15 de mayo, le otorgó al presidente Danilo Medina el 62% de los votos, la mayor votación en la historia del país, le dio al PLD 28 de 32 senadores y una amplia mayoría en la Cámara de Diputados para que gobiernen. El soberano delega en el Senado para que elija o ratifique la totalidad o una parte de los miembros de la JCE y la Cámara de Cuentas y el pueblo delega en el CNM para que elija o ratifique una parte o la totalidad del TSE. Obviamente el PLD no debe actuar como una aplanadora y los seleccionados deben obedecer a un determinado perfil y comportamiento en defensa de la soberanía.
El PRM tiene una representación mínima en el Senado y el CNM, porque eso le dio el pueblo con su voto, y como tal deben jugar su papel sabiamente en esas instancias, pero jamás tratar de suplantar sus funciones consagradas en la Constitución. La oposición tiene una oportunidad de oro para lograr una reforma estructural de las leyes electorales, pero la van a perder si insisten en la quimera de imponer los miembros de la JCE, TSE y la CC.