El Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirmó hoy que constituye “un peligroso desafío a la institucionalidad electoral” que el delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE), José Ramón Fadul (Monchy) y la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, insistan “en desconocer la Ley del Régimen Electoral y el mandato constitucional que ordena a la Junta Central Electoral organizar elecciones libres, justas y trasparentes”.

«Permitirse el uso de las mercancías, equipos y materiales del Plan Social de la Presidencia en el proceso electoral, colocaría al partido de gobierno en situación de ventajismo frente a los demás partido que acudirán a las elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidencial de mayo», advirtió el presidente del PRM, José Paliza.

Indicó que la distribución de «grandes cantidades de bienes» por parte de las autoridades gubernamentales, a diez días de las elecciones municipales y a ciento once de los comicios presidenciales y congresionales, supone a su juicio un desequilibrio favorable a los candidatos del partido oficial, subrayó Paliza en rueda de presa en la casa nacional del PRM.

Puntualizó que tales acciones son parte de un repertorio de conductas desesperadas frente al resultado electoral adverso que, a su juicio, tendrán para las elecciones municipales de febrero y las presidenciales y legislativas de mayo.

“El pueblo dominicano debe conocer que miles de raciones de alimentos, compradas con el dinero de todos, se están entregando a dirigentes de los organismos intermedios y a toda la estructura política del partido oficial. La institucionalidad democrática tiene como requisito indispensable la competitividad equilibrada entre el partido oficial y los partidos de oposición, para garantizar la posibilidad de la alternabilidad democrática, significó.

“Como principal organización de oposición el PRM está en la obligación de exigir al gobierno una rectificación de este comportamiento poco democrático y a la Junta Central Electoral, cumplir con las facultades que el orden jurídico le otorga”, precisó el alto dirigente y legislador.

Citó que el delegado político del partido ante la JCE, Orlando Jorge Mera, y el equipo jurídico elevaron ayer una instancia ante el órgano electoral indicando que de conformidad al artículo 196, párrafo IV, de la Ley 15-19 del Régimen Electoral durante el período de 40 días anteriores a las elecciones municipales y 60 días de las elecciones presidenciales y congresionales, están prohibidos los actos inaugurales de obras públicas y los programas de apoyo social o comunitarios extraordinarios por parte de los entes y órganos de la administración pública.

El PRM presentó ante la JCE una solicitud de medida cautelar para la suspensión de compras y contrataciones públicas ilícitas. Mientras que presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán, solicitó al gobierno del PLD suspender de “motu proprio” tal ilegalidad.

El PRM aclaró que la Junta Central Electoral no solo debe limitarse a sugerir, sino que está en la obligación de restablecer la autoridad que le otorga la Constitución «a través de una decisión que prohíba la distribución de bienes con fines electorales».

“En nuestro partido, defendemos la dignidad de la persona, auspiciamos el bien común y promovemos la solidaridad con los que menos tienen, pero nunca permitiremos que organización política alguna se aproveche de ellos para manipular su voluntad. Como organización defensora de la institucionalidad, el PRM espera que los actores involucrados actúen con responsabilidad para que tengamos una campaña electoral equilibrada, y apegada a la ley”, expuso Paliza.

En su intercambio por la presan, Paliza estuvo acompañado por Jorge Mera, los abogados Antoliano Peralta, Andrés Astacio, Luis Soto, Luis Soto,los diputados Napoleón Lopez Rodríguez, Andrés Bernal y otros altos dirigentes del PRM.