Sin dudas, la creación de Pro-Competencia ha sido una buena iniciativa, la cual tiene como base legal la Constitución política de la República Dominicana, en su sección II, artículo 50, que garantiza la libertad de empresa, comercio e industria y la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08 y su reglamento de aplicación, el cual tiene más de ocho años esperando ser elaborado y aprobado.
Por el bien de los consumidores, es necesario fortalecer a Pro-Competencia para que continúe investigando y denunciando a las empresas que incurren en prácticas anticompetitivas. El monopolio de los mercados obstaculiza la competencia sana, afecta el poder adquisitivo de los compradores, erosiona el clima de negocios y desmotiva la inversión foránea.
“La competencia apuesta a una rivalidad con reglas claras: Lo que no se vale es no competir, repartirse el mercado, abusar de la posición de dominio o colocar precios predatorios”, señala Mario Umaña, especialista en competencia del BID.
Más allá de lo que dicen los papeles, se espera que Pro-Competencia sea una agencia que promueva y defienda la competencia en los mercados de bienes y servicios para hacer la economía nacional más eficiente en beneficio de todos los ciudadanos. Los consumidores dominicanos desean que los empresarios y el Gobierno, amparados en los mandatos de la Ley 42-08, designen un director o directora ejecutivo que gestione con eficiencia y gallardía las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo de Pro-Competencia.
En los países que respetan su institucionalidad y son severos en el cumplimiento de las leyes y políticas de competencia, tienen un mejor desempeño económico y social que los que no las tienen o los que fallan en su aplicación.