RAYMUNDO GONZÁLEZ
El Centro Cultural de España acaba de publicar con el patrocinio de la empresa Tricom un hermoso libro con las fotografías de Kurt Schnitzer, llamado Conrado en nuestro país, seleccionadas por el destacado fotógrafo y curador español Juan Manuel Díaz Burgos. Dichas fotos pertenecen a la Colección Conrado que se custodia en el Archivo General de la Nación (AGN) como parte del patrimonio cultural de la nación dominicana.

Las fotos de Conrado allí reproducidas nos muestran la ciudad de Santo Domingo (entonces Ciudad Trujillo) desde diversos ambientes y sucesos: ellas hablan con una intensidad peculiar de otra época todavía por descubrir en toda su extensión. Lamentablemente, la verdad de las imágenes y el excelente trabajo del curador de la muestra, contrastan de un modo sorprendente con la “Presentación” escrita por el señor Javier Aiguabella para ese libro.

Dicha presentación tiene dos partes, la primera de ellas es la que ha merecido el comentario que ofrecemos a continuación. En efecto, el actual director del Centro Cultural Español, sin explicitar su propósito, la emprende con una serie de invectivas y medias verdades contra el AGN. Afirma que: “El nuevo equipo de dirección del AGN (…) estimó que eran necesarios trámites burocráticos -antes inexistentes o no aplicados- que en nuestra opinión dificultaban la agilidad del proceso” (p.10); habla además de “malentendidos y faltas de tacto por ambas partes” (p.10); “El punto álgido del mal entendimiento consistió (…) sobre todo, en el requisito del AGN de asegurar cada negativo por un monto de dinero inasumible” (p.10). Sucede que estos “trámites burocráticos” se solicitaron al amparo de la Ley 318-68 sobre Patrimonio Cultural, que sí existe desde el año 1968, aunque no se cumplieran por las autoridades precedentes. Tampoco puso el AGN los precios de la póliza, el cual es un requisito corriente en muchos países, incluido España, para expatriar cualquier pieza del patrimonio cultural. Salvo la referencia al gran entusiasmo que generó la exposición en Santo Domingo (pp.8-9), por el que todos nos regocijamos, las demás afirmaciones se caen por la verdad que les falta. Incluso el énfasis que pone en contraponer a dicho entusiasmo las “serias dificultades” y “nuevas trabas e inconvenientes” que le atribuye al AGN de manera gratuita, resulta un burdo recurso que articulado a la falsedad va demasiado lejos.

En la primera mitad del 2005 se presentó el señor Díaz Burgos en el AGN para devolver, limpios y con protectores adecuados, los negativos prestados con anterioridad y que sirvieron para la exposición que había concluido en febrero en Santo Domingo. Pudo asimismo revisar los nuevos negativos solicitados previamente vía correo electrónico, apartados para él por el señor Holguín Veras, encargado de la fototeca del AGN. Me tocó hablar con el señor Díaz Burgos, durante un intercambio muy cordial, en el cual sugerí que en lo adelante debía utilizarse un procedimiento conforme a la ley para expatriar los negativos y que lo más conveniente era la firma de un acuerdo interinstitucional que avalara el préstamo de los originales (más tarde se le envió un borrador de este acuerdo; y aun más adelante, el Centro Cultural Español envió otro distinto por vía del señor Secretario de Estado de Cultura). La actuación del AGN se amparaba fundamentalmente en razones legales, como se explicó por escrito en su momento a las autoridades de la Secretaría de Estado de Cultura y la Embajada de España.

No es ningún secreto que hasta el año 2004, y por mucho tiempo, el funcionamiento del AGN estaba reñido en muchos aspectos con el marco legal en que debía realizar sus funciones. La presentación de marras lo reconoce cuando se refiere “a la relativa laxitud de la etapa anterior en la adecuada preservación de sus fondos y en otros aspectos de su funcionamiento” (p.10). En consecuencia, el plan de actuación de la dirección del AGN partía precisamente de contener los menoscabos al patrimonio y las irregularidades en su administración, no porque tuviera “quizá un comprensible pero excesivo prurito por profesionalizar el archivo cuanto antes” (p.10), como dice el señor Aiguabella, sino para cumplir con un plan de trabajo y las normativas legales vigentes. Cuando se exigió un seguro para cubrir cualquier contingencia se estaba invocando la Ley sobre Patrimonio Cultural, no a un capricho “burocrático”. Más allá de “la generosidad de sus responsables y a las facilidades” (p.9) que les brindó la administración anterior del AGN, convendrá con nosotros el lector que beneficiarse de las debilidades institucionales de un país, incluso subdesarrollado como es el nuestro, no es la mejor manera de promover el intercambio cultural entre las naciones.

El señor Díaz Burgos, en su siguiente visita al AGN, nos dijo que la segunda exposición ya tenía fecha fijada y que no tenía más tiempo para la preparación, pues los plazos se habían prácticamente agotado. Yo mismo hablé nueva vez con el señor Díaz Burgos sobre la necesidad de un convenio para expatriar patrimonio documental de la nación. El reconocido fotógrafo estuvo no sólo de acuerdo con nosotros, sino que nos habló de las dificultades que había tenido en otros países del área del Caribe en tareas similares; además ofreció apoyarnos en el trabajo que planeábamos hacer en las colecciones fotográficas con la ayuda de la asesora honorífica Marta García Hoyos, fotógrafa y curadora colombiana. De estas conversaciones son testigos Miguel Holguín Veras y el señor Aquiles Castro, director del Departamento de Colecciones Especiales del AGN. También pueden dar testimonio del empeño que pusimos a fin de buscar una solución viable en el marco de ley.

Tales esfuerzos fueron variados, y ambas partes estuvimos de acuerdo en hacerlos, logrando abrir puertas para que se realizase el trabajo de escanear los negativos:

a) Atendiendo a una propuesta del Centro Cultural de España, dicho Centro contrataría los servicios de una compañía para realizar en el local del AGN el escaneo de los negativos listados por el señor Díaz Burgos. En efecto, la compañía DPI fue autorizada para instalar un escáner y traer un técnico que lo operase hasta completar el trabajo con la supervisión del AGN, mas no se verificó;

b) Por nuestra parte, el AGN estaba a la espera desde antes de un escáner para negativos procedente de Miami, y en cuanto fuera entregado por la compañía que lo vendió, sería puesto al servicio del señor Díaz Burgos, como en efecto se hizo, a fin de realizar bajo su coordinación el escaneo de los negativos. Por desgracia, después de realizadas las primeras pruebas, nos dimos cuenta que el equipo servido era inútil -ya que presentó defectos de fabricación- y hubo que devolverlo al vendedor. La llegada de un nuevo equipo iba a tardar un tiempo del que no se disponía;

c) Tratamos igualmente de localizar un escáner para negativos que garantizara la calidad del trabajo, pero no fue posible conseguirlo durante la estancia de Díaz Burgos en el país;

d) Se planteó, asimismo, reducir el número de negativos, ya que muchos de los que se pedían entonces estaban incluidos entre los primeros; de esta manera se reduciría el costo del seguro.

Así, pues, si bien ha sido norma en la dirección del AGN la comprensión de que las leyes en el territorio nacional están para acatarlas y cumplirlas, tampoco faltaron apoyo decidido y voluntad en nuestra conducta. Hoy esas puertas siguen abiertas.

Para terminar, una brevísima reflexión: el médico y fotógrafo Conrado llegó a la República Dominicana, en octubre de 1938, huyendo de la persecución nazi en su país de origen; ciertamente, no merece el baldón de que un libro con fotos suyas lleve una presentación escrita al modo artero y mendaz de un Goebbels. Esto es lo menos que podemos hacer por respeto a su memoria cuando van a cumplirse 35 años de su muerte.