La directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, afirmó  que la decisión de la jueza del Tribunal Superior Administrativo que se pronunció contra la potestad sancionadora del órgano rector de protección de los derechos del consumidor se contradice ya que  había fallado 16 medidas cautelares solicitadas por los gaseros que se opusieron al pago de las multas tras ser encontrados culpables de fraude contra los consumidores.

Ese mismo  Tribunal en 16 ocasiones reconoció   la potestad que la Ley 358-05 le atribuye a ProConsumidor para sancionar y multar a los violadores a la ley.

Recordó que en su momento, la magistrada se apoyó en varios de los artículos de la ley que le atribuyen esas potestades como es el 23 que establece: “La Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor es el organismo competente para conocer, por la vía administrativa, los casos de conflictos relativos a esta ley”.

Se apoyó también en el artículo 51, referente a pesos y medidas, y  en varios otros articulados, que ahora niega en la decisión de marras, como el 27, el 105, el 107, el 112, el 115 y su párrafo II que expresa: Estas multas son independientes de las que se puedan imponer en concepto de sanción y son compatibles con las mismas”.

Estas declaraciones fueron dadas tras conocer que  la jueza Delfina Amparo de León, mediante sentencia, decidió no reconocer la facultad a Pro Consumidor para imponer multas tras la resolución  284-2012 por medio de la cual la entidad impone una multa de cien salarios mínimos a la Envasadora Propagas.

Expresó que deplora la decisión ya que gran parte de las multas  rechazadas por el Tribunal fueron pagadas. Dijo que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.