En los últimos años el comercio electrónico ha ido en constante crecimiento en el país, pero así mismo se han incrementado las estafas por esta vía, por lo que la República Dominicana debe crear mecanismos para proteger a los consumidores de este negocio.

Así lo reiteró ayer el director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, quien estima que las estafas en las ventas por internet alcanzan alrededor del 12%.

Señaló que uno de los principales problemas para evitar esta práctica es que la mayoría de los proveedores están fuera del país, por lo que no se podrían sancionar, pero entiende que se debe hacer algo con las ventas nacionales.

“Los engaños vía internet son bastantes. El 60% de los proveedores están fuera del territorio. Nosotros permanentemente recibimos denuncias de estafas vía comercio electrónico, pero cuando el proveedor está fuera de territorio no hay mecanismos para sancionarlos”, dijo el funcionario.

Alcántara ofreció estas declaraciones luego de firmar un acuerdo con el presidente de la Defensoría del Consumidor del Salvador, Ricardo Villalta, para intercambiar experiencias sobre protección de los consumidores. Ese país ha iniciado un registro de vendedores online.

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Pro Consumidor y su homólogo de El Salvador firman acuerdo de colaboración

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Defensoría del Consumidor del Gobierno de El Salvador firmaron este lunes un acuerdo de colaboración que incluye intercambio de políticas institucionales, mecanismos de resolución de conflictos, herramientas de observancia y vigilancia de los establecimientos comerciales y procedimientos para la aplicación de la ley de protección de los derechos de los consumidores.

El acuerdo, firmado por el director ejecutivo de Pro Consumidor, doctor Eddy Alcántara, y el presidente de la Defensoría del Consumidor de El Salvador, licenciado Ricardo Arturo Salazar Villalta, establece que ambas instituciones se comprometen a  prestarse asistencia mutua para aprovechar sus experiencias y fortalecer  la aplicación de su legislación y política de protección al consumidor.

Igualmente se resalta, que todas las actividades de intercambio de experiencias en calidad de asistencia técnica que se desarrollen bajo este memorando, “están sujetas a disponibilidad de fondos presupuestarios para cada firmante”.

Asimismo, las dos instituciones declaran su intención de establecer actividades conjuntas a través de capacitaciones, seminarios, conferencias, pasantías y asesorías que se podrán replicar en la República Dominicana o en El Salvador.

Acuerdan, además, que ambas partes podrán realizar consultas sobre temas relacionados al derecho de consumo “o cuando se evidencie la realización de infracciones a los derechos de los consumidores en uno de los países firmantes con efecto en el de otro firmante”.