El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) reiteró a la Procuraduría General de la República (PGR) su solicitud de puesta en movimiento de la acción pública en contra de los propietarios de 22 negocios que fueron cerrados por vender bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, envió una comunicación a la procuradora general, Miriam Germán Brito, en la que le remite las instancias números 003927, 004997 y 004236 de fechas 27 de abril, 28 y 5 de mayo de 2021, respectivamente, “contentivas de las denuncias interpuestas por este instituto ante esa Procuraduría”.

“Reiteramos la solicitud de puesta en movimiento de la acción pública en contra de los propietarios de los establecimientos y posibles cómplices de esta práctica que vulnera las regulaciones sobre comercialización de productos”, dijo el funcionario en su carta de fecha 29 de junio de este año.

El doctor Alcántara resalta en su comunicación, que Pro Consumidor interpone las citadas instancias en su calidad de Autoridad Nacional de Vigilancia del Mercado otorgada por la Ley 166-12, “y actuando en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor y las que le han sido conferidas por la Ley 17-19 sobre Erradicación de Comercio Ilícito”.

El funcionario señaló que solamente sometiendo a la justicia a los sorprendidos en esta acción “se puede erradicar de una vez y por todas este ilícito comercio”.

Se recuerda que esos negocios fueron cerrados en el marco de un amplio operativo realizado en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y otras demarcaciones, tras denuncias de ventas de bebidas alcohólicas adulteradas que provocaron las muertes de numerosas personas.

En el mes de mayo se reportaron más de 150 muertes en diferentes puntos del país por la ingesta de alcohol falsificado.