Pro y contra de  leyes

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Durante los tres años transcurridos desde el 2006 al 2008 el Poder Ejecutivo ha dejado de entregar a varios organismos de los demás poderes de Estado y a la Educación unos 111,175.1 millones de pesos, producto del incumplimiento de disposiciones legales sobre reservas de fondos presupuestarios, aprobadas por el Congreso Nacional.

Los órganos y programas que mayor perjuicio han sufrido por estas violaciones son  Educación y los municipios, a los que el Poder Ejecutivo ha dejado de entregar  al menos 104,000 millones de pesos entre 2006 y 2008.

Estos montos estimados de pérdidas de apropiación de recursos por varios órganos, poderes y programas, resultan de la diferencia entre las asignaciones que mandan las leyes de autonomía presupuestaria y la ejecución efectiva por parte de estas entidades.

Un ejemplo de la situación  es la que se refiere a la función Educación, a la que según la Ley Orgánica de ese sector se tiene que asignar como presupuesto anual al menos el 4% del Producto Interno Bruto, pero sólo  se le ha venido asignando menos de la mitad de ese porcentaje.     

Lo que dicen las cifras: los fondos no entregados representan un 17.8% de los ingresos recibidos por el Gobierno.

Estimaciones realizadas en base a los informes de ejecución presupuestaria del Gobierno Central muestran, que en los tres años comprendidos entre 2006 y 2008 el Poder Ejecutivo ha dejado de entregar a los demás poderes del Estado y a la función Educación un monto ascendente a 111,175.1 millones de pesos, lo que representa un promedio anual de 37,058.4 millones que debieron haber sido asignados a la Educación, a los municipios y a los poderes Legislativo y Judicial incluyendo al Ministerio Público y a la Cámara de Cuentas. 

La cantidad dejada de asignar en violación de las leyes vigentes, equivale a un 16.6% de los 671,711.7 millones de ingresos sin fuentes financieras obtenidos por el Gobierno Central en los tres años señalados.

¿A quienes ha perjudicado más la violación de las leyes de reservas de fondos?  El incumplimiento de las disposiciones legales que mandan la asignación de porcentajes específicos de los fondos públicos a distintas entidades y funciones, ha afectado principalmente a la Educación y a los municipios. En el caso de la Educación, que en el Articulo 197 de su Ley General 66-97, promulgada en abril de 1997 por el Presidente Leonel Fernández se establece que:  “El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del Producto Bruto Interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, …”, los fondos dejados de entregar ascienden a 78,514.7 millones de pesos en solo tres años.

En relación a los ayuntamiento, a los que la Ley 166-03 dice que se consignará un 10% de los montos totales de los ingresos del Estado Dominicano pautados en el  Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, excluyendo los fondos especializados y los recursos externos por préstamos y donaciones, se le han dejado de asignar entre 2006 y 2008 un total estimado en 25,632.6 millones de pesos. Igualmente, a otras instituciones como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, el Poder Judicial y el Ministerio Público  se le han sustraído unos 7,027.7 millones en los años indicados.

Durante el 2009 se estima que la cantidad de recursos que el Gobierno Central ha dejado de entregar a las entidades e instituciones señaladas podrían sumar unos 48,723.2 millones de  pesos. Para el 2010 el presupuesto que el Poder Ejecutivo tenía que apropiar al grupo de instituciones  señaladas debió haber sido de 115,714.2 millones  y solo les ha apropiado unos 73,177.7 millones de pesos, es decir,   42,536.4 millones de pesos menos).  

Los pro y los contra de las leyes de reservas de fondos del Presupuesto. Si  bien es cierto que la generalización indiscriminada de la reserva o especialización de fondos en el Presupuesto para entidades o programas puede crear rigidez y una camisa de fuerza a las autoridades de la secretaría de Hacienda en la gestión del Presupuesto, también es verdad el hecho de la centralización de los fondos públicos que ha tenido tradicionalmente el Poder Ejecutivo del país.

Es esta situación la que motivado el que se hayan aprobado leyes con el objetivo de garantizar el flujo de recursos presupuestarios hacia determinados entes o programas. 

Los alegatos de que no se cumple con las disposiciones de asignación de fondos contenidas en las leyes debido a  la carencia de ingresos fiscales, no es un argumento válido, sobre todo en los últimos años en que las recaudaciones han aumentado considerablemente.

Que hacen los órganos de fiscalización, de la justicia y la ciudadanía frente a la violación de las leyes.   Algo que llama la atención a propósito del incumplimiento de las leyes que asignan fondos del presupuesto a determinadas instituciones, es la ausencia de respuestas y acciones de parte de las instituciones de fiscalización y control, así como de la ciudadanía y sus organizaciones que solo se limitan a cuestionar las violaciones, pero ningunas toman acciones encaminadas a obligar a que estas se cumplan o a promover su derogación o modificación.

¿Qué hacen el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Justicia para procurar el respecto al orden jurídico? Absolutamente nada, al parecer no están en capacidad de ejercer sus funciones por los compromisos y la necesidad de garantizar sus puestos de trabajo.

Es urgente que alguien promueva un proceso cuyo objetivo este orientado a impulsar acciones encaminadas al cumplimiento, readecuación o derogación de estas leyes, como un aporte a la deteriorada institucionalidad del país.