Problema que necesita remedio

Problema que necesita remedio

Todo Estado está en la obligación de definir y garantizar el estatus de sus ciudadanos, tanto de los  que son hijos de padres oriundos de dicho Estado como los que tienen ascendencia de otras nacionalidades. En esa virtud, es un deber del Estado dominicano definir el estatus de las personas hijas de padre o madre dominicano en unión con un ciudadano o ciudadana extranjera, siempre que la criatura haya nacido en el territorio nacional.

En las conclusiones del Quinto encuentro Regional de Migración y Movilidad Humana, que reunió a obispos, religiosos y representantes de las Conferencias Episcopales de Estados Unidos, México, Centroamérica, del Caribe y República Dominicana, se insiste en la necesidad de que se permita a los dominicanos de ascendencia haitiana obtener sus actas de nacimiento y otros documentos que definan su estatus.

En el país hay muchos dominicanos de ascendencia haitiana que han quedado en  una situación indefinida porque no se les otorgan los documentos que definen su estatus. Son personas que arrastran esta situación desde mucho antes de la nueva Constitución y reglas migratorias vigentes. No puede haber una aplicación retroactiva de las nuevas reglas y, por tanto, hay que atender los reclamos de los obispos y religiosos que abogan por una solución justa para esa exclusión injustificable.

Peatonales arrabalizados

La creencia de que la condición de padre de familia es una patente para violar reglas habidas y por haber está teniendo una demostración elocuente en los pasos peatonales elevados de la avenida John F. Kennedy y otras vías.

 Dominicanos y haitianos los han convertido en   mercados improvisados para la venta de toda clase de mercancías, dificultando así que se les use para la función que justifica su existencia.

Algunas de estas pasarelas han dejado de ser usadas por los transeúntes debido a que son utilizadas como puntos de acecho para delincuentes que asaltan a cuanta persona se atreva a subir por ellas.

Hace falta que las autoridades competentes emprendan el rescate de los pasos peatonales y que garanticen que los ciudadanos puedan utilizarlos para cruzar sin riesgos vías de mucho tráfico de vehículos de motor.

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