Hoy 
El viejo casco de Santo Domingo ha recibido en los últimos años la presión de una mayor demanda de sus espacios para usos comerciales, de turismo y otras actividades, con el efecto aparejado de un crecido flujo de vehículos de motor. Tardíamente el ayuntamiento del Distrito Nacional acaba de anunciar una licitación para dotar a la congestionada zona de dos edificios soterrados para estacionar; obras con las que las autoridades se van a quedar cortas en el aporte de posibles soluciones a los apiñamientos callejeros que entorpecen el discurrir de todo el que va a la Zona Colonial y a Ciudad Nueva.
La realidad aconsejaría que el cabildo convoque a la iniciativa privada a sumarse al desarrollo de infraestructuras para automovilistas que, respetando los perfiles arquitectónicos característicos y al ambiente, contribuyan a que el centro de la ciudad resulte más acogedor. Este concurso se lograría incentivando a quienes ya están empresarialmente asentados allí, y a otros que estén dispuestos a contribuir al boom de la primada urbe de América. Llevar a Santo Domingo a su máximo valor urbanístico no puede ser tarea exclusiva del Estado. En ninguna parte del mundo lo es en estos tiempos de esfuerzos mixtos y sociedades en las que lo público confluye con lo privado. Tratamientos fiscales especiales y facilidades crediticias conducirían a conquistar inversiones que otros países de la zona preferían para ellos.
No olvidar malas experiencias
Cualquier propósito oficial de respaldar la participación de sindicatos y grupos de choferes en el transporte público de la capital tiene que estar acompañado de garantías de que no implicará el uso recursos de los contribuyentes para acrecentar patrimonios particulares sin un beneficio real para la sociedad. Dispendios y defraudaciones al fisco han sido originados por los gobiernos a través del tiempo. En el pasado, remoto y reciente, se pretendió mantener unas inaceptables relaciones de conformidad con el sector choferil, por cuya docilidad y apoyo político el poder ha vivido pecando de generoso.
En el más reciente episodio del protagonismo gremial, conspicuas figuras cuestionadas por el usufructo de exoneraciones y créditos avalados por el Estado pasaron con rapidez de la condición de reos de la justicia, con rejas y todo, a la de asalariados del gobierno y portavoces con revuelo de planes para renovar (a lo Renove) viejas prácticas.
