Problemas institucionales y gerenciales
afectan servicios

http://hoy.com.do/image/article/53/460x390/0/0CA58FB7-C9BB-4A1D-BE10-15876567EDDA.jpeg

POR CLAUDIO CABRERA
¡Increíble, pero cierto! Según muestra el último “Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la República Dominicana dispone de una adecuada infraestructura y cuenta con más médicos que el promedio latinoamericano, pero presenta peores resultados a la hora de evaluar los beneficios.

Según se informa en el amplio documento elaborado por el organismo multilateral, a juzgar por la participación del gasto público en salud como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), y los problemas de condiciones laborales de los profesionales de la medicina, el sistema de salud del país no ha sido productivo en tanto los recursos no se utilizan de una manera eficiente.

Destaca el documento que República Dominicana “arrastra serios problemas de salud, tales como altos niveles de desnutrición, inestabilidad en la prevalencia de enfermedades transmisibles, altas tasas de mortalidad infantil y alterna”.

Además, empieza a coexistir el país con un cuadro epidemiológico típico de las naciones que han completado su transición demográfica y ello trae aparejada la amenaza de nuevas enfermedades infecciosas.

Cita el caso del VIH/SIDA como la enfermedad emergente más importante para la salud pública y  principal causa de muertes de adultos en edad reproductora.

Tras analizar tres aspectos estimados como nodales en el problema del sistema de salud dominicano, el informe del PNUD sostiene que tanto el gasto público en salud, como la administración de los recursos humanos y la transparencia en la asignación del gasto, son los factores a ser objeto de análisis continuo en el contexto del sistema de salud del país.

Agrega que en función de estos factores que son tomados en cuenta junto a otros indicadores que inciden en la calidad de la salud, como son la mortalidad materna e infantil y la esperanza de vida al nacer, se puede establecer un marco actual sobre la situación de dicho sistema.

“Al igual que en el caso de la educación, el gasto público en salud fue víctima del proceso de ajustes y desajustes macroeconómicos de los ochenta. Sin embargo, en la década del noventa creció tanto en términos reales, como en porcentaje del PBI y en porcentaje del gasto público total”.

Resalta que no obstante estos logros, el nivel del gasto público como por ciento del PBI es el segundo más bajo de América Latina y el Caribe, ubicándose un 31% por debajo del promedio de esta región y un 41% por debajo del valor esperado, dado el nivel de actividad económica por habitante, “obligando a un mayor gasto privado para compensar el menor gasto público”.

El PNUD sostiene que “el gasto público en salud se concentra básicamente en gastos corrientes y servicios personales, dejando muy pocos recursos para los diversos programas”.

Indica que el gasto total en salud a nivel nacional es ligeramente superior en 6.10% del PBI al gasto esperado, dado el patrón mundial determinado por el nivel de ingresos por habitante que es de un 6.02%, ligeramente inferior al promedio de América Latina y el caribe que es de 6.8%.

Refiere que el Banco Mundial ha reportado en estudios que la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) “tienen un exceso de personal administrativo, lo cual puede ser explicado por el favoritismo que beneficia a los miembros del partido victorioso en las elecciones”.

Igualmente se precia un exceso en el personal médico en el IDSS, mientras en cambio en la SESPAS hay más personal de enfermería que médico, “lo cual revela inificiencia y baja calidad en la atención”.

Al analizar la eficiencia en la transparencia en la asignación del gasto, revela que hacia el 2002 se destinaron subsidios para unas 2,051 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), mientras sólo habían 1,000 registradas debidamente.

“El Programa de Medicamentos Esenciales (Promese), es otra fuente de asignación de gasto en forma no transparente”, sostiene el documento.

¿DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA?

Resalta también que al parecer “la falta de infraestructura física no parece ser un problema en el país, ni tampoco la falta de personal de salud ni de camas para internamiento”.

A pesar de ello, en los recursos humanos sí existe una mala distribución entre las regiones de salud, al igual que en el número de camas.

“En términos generales -afirma el PNUD-, se puede afirmar que la mala calidad del servicio de salud no es consecuencia de la falta de recursos humanos ni de infraestructura, es más que nada un gran problema de gerencia y de falta de institucionalidad”.

Sostiene que esta situación acarrea “ineficiencia en el gasto, escasez de financiamiento corriente y de serios problemas éticos, debido a la falta de sanciones y al régimen de complicidades de la sociedad dominicana”.

Pone por ejemplo que República Dominicana tiene una tasa de mortalidad materna de 180 mujeres por cada 100,000 nacimientos vivos, la cual es una tasa elevada para los niveles internacionales.

“La recomendación de política para mejorar la salud materna es aumentar el número de partos con asistencia de personal sanitario especializado”.

Expresa que, sin embargo, “en República Dominicana actualmente el 98% de los partos son realizados por personal especializado, al mismo nivel de los países desarrollados”.

Advierte que con ese nivel de partos institucionalizados el valor esperado de mortalidad debería ser de 40 por 100 mil nacidos vivos, igual a un 22% de los 180 que se registran actualmente.

El documento expone la preocupación en el sentido de que el problema responde a “una pésima calidad de atención, a serios problemas éticos en el personal de salud, a la falta de sanción del personal sanitario especializado responsable la situación, entre otros inconvenientes”.

El documento expone que los estudios indican que el sistema de salud del país refleja mayor presencia de mujeres como médicas y enfermeras que el promedio nacional de ocupados, con mucho mayor nivel universitario y trabajando fundamentalmente en instituciones y empresas públicas.

Pero advierte que la mala calidad del servicio público por los factores indicados, afecta fundamentalmente a los pobres, pues alrededor de dos tercios del gasto en salud lo realizan las familias, y, entre ellas, las más pobres gastan proporcionalmente más en salud que las más ricas.

Advierte que la población que utiliza los servicios de salud del sector público asiste a estos establecimientos por razones económicas, no porque se encuentran satisfechos con los servicios que suelen recibir.