Hoy 
POR JOSÉ LUIS ALEMÁN SJ
Donde quiera que una persona sea socia comercial de otra una elemental norma de prudencia exige que de una manera general pero aplicable a la práctica se fijen las líneas maestras de la competencia de cada quien para «gobernar» la empresa.
Los abogados basados en la jurisprudencia y en la experiencia montan el tinglado legal a cambio del módico treinta por ciento. Después la aceptación voluntaria por cada socio de sus obligaciones y derechos es sancionada por el Estado que presta así una base legal para dirimir problemas de interpretación y aplicación.
Todavía entre nosotros domina un modo de gobierno empresarial corporativo donde la aceptación de sus estatutos por socios muy minoritarios unidos por vínculos familiares no puede cuestionar de hecho al socio abrumadoramente mayoritario. El sistema colegiado de gobierno es entonces una simple fórmula jurídica utilizada por ventajas impositivas. En realidad el origen y el desarrollo de esas empresas se debió al espíritu empresarial, a la astucia o a la indelicadeza (me encanta esta palabra tan diseñada para ocultar como para sugerir comportamientos poco respetables, no: poco delicados. Definitivamente entre damas y caballeros este eufemismo resulta inevitable) del fundador, quien más bien hace partícipe limitado a los suyos del resultado financiero excluyendo pretensiones abusadoras del Fisco… Quitando este punto al Estado ni le va ni le viene el modo como se gestiona la empresa familiar.
Pero aun al fundador de la corporación la parca que teje las tramas de la vida le va recordando que no nació para irremplazable semilla y que sus familiares dependen para poder seguir viviendo holgadamente de que la empresa siga creciendo al mismo ritmo por lo menos que la multiplicación de descendientes. La cuantía del capital monetario necesario para la ampliación del emporio familiar (los griegos usaban el término para designar puntos céntricos de comercio internacional no familiar aunque de hecho el punto geográfico se definía por un conjunto mínimo de grandes comerciantes. El uso actual del término emporio es menos hipócrita) necesita acceso a ahorros de otros (también la palabra ahorro admite, como el apellido, hijos bastardos) que sí pueden exigir condiciones sobre el manejo de la empresa. El gobierno de la corporación comienza a importar a sus socios y hasta a sus acreedores y de carambola también al Estado árbitro maldecido pero inevitable de última instancia para quienes se sienten maltratados pero se saben impotentes.
La dinámica del proceso de expansión exige más. Administrar negocios en crecimiento es caldo de cultivo para infartos. Además ni el mercado nacional ni el Estado ni el «sector externo» de la economía son previsibles. Tampoco lo son las tecnologías de producción, mercadeo o financiamiento. Por edad del fundador y por su inevitable incompetencia los socios de la corporación presionan para nombrar administradores responsables en teoría sólo ante ellos, lo que origina la espinosa problemática de un principal, que en general se inquieta sólo por beneficios recibidos, y de agentes quienes en su nombre y para él funcionan competentemente so pena de ser despedidos. El Estado tiene que enfrentar entonces nuevos conflictos.
La historia ha sido larga y hasta divertida, no hay nadie que soporte voluntariamente una página de puras tecnicalidades, pero sobre todo sirve para identificar tres polos de conflicto potencial del gobierno corporativo de empresas: relaciones entre los socios, entre los socios y los administradores y entre las corporaciones y la sociedad
RELACIONES ENTRE LOS SOCIOS
Prescindiendo de formas legales de constitución de corporaciones personales o por acciones en distintas modalidades, el problema legal y moral más llamativo es el de garantizar un trato equitativo a los socios minoristas, lo que significa acceso fácil a la información relevante, y «democratización» del gobierno empresarial mediante difusión accionaría.
La transparencia, veracidad y suficiencia de información es exigidas por personas que no están unidas por vínculos de sangre o de parentesco con los fundadores pero que dedican parte de sus recursos a adquirir derechos de gobierno en la gerencia de la empresa. En principio por aquí se buscaba solución al problema de socios minoritarios: lo menos que se puede exigir al gobierno corporativo es información fidedigna sobre la salud financiera de la empresa en la que quieren participar.
Todos sabemos, sin embargo, que en los Estados Unidos la gran mayoría de los accionistas no mayoritarios se interesan mucho más en la cotización de la empresa a corto plazo y a indicadores ambiguos de su porvenir a largo plazo -dividendos y cuota del mercado- que en el estudio de la información disponible disfrazada además en un lenguaje arcano. Esta actitud generalizada de los pequeños inversionistas reduce el problema moral a factores que tienen que ver más con una cambiante situación momentánea que con la eficiencia marginal del capital como deseaba Keynes. Sencillamente si la empresa ofrece buenos rendimientos inmediatos va bien para el accionista con acceso a un mercado secundario de acciones y bonos. La información es importante sólo para la aceptación en la bolsa de una empresa.
En realidad en este siglo en el que una buena parte de las acciones y bonos está en manos de personas morales que manejan grandes fondos de ahorros para futuras pensiones o para pago de seguros médicos coactivos (entre nosotros los fondos de pensión y salud) la situación se ha invertido: no se trata ya de proteger a accionistas minoritarios contra mala, incompleta o abiertamente dolosa información de las corporaciones sino de evitar que éstas sean presas de retiros masivos de parte de clientes institucionales que tienen en su poder una parte apreciable del capital accionario. Las empresas están realmente presionadas a mostrarles resultados financieros inmediatos sin poder emprender planes que madurarán quizás tal vez a largo plazo. Tal vez el problema moral más urgente sea hoy en día defender a las empresas de especulaciones interesadas de parte de las empresas que manejan fondos de pensiones.
Esta dependencia es atacable tan sólo si el gobierno de las corporaciones tiene que dar cabida en la toma de decisiones a sus empleados. A ellos probablemente les va su porvenir en la salud a largo plazo de las empresas en las que trabajan. La experiencia de cogobierno en las empresas centroeuropeas, especialmente en las alemanas, confirma su compromiso con el largo plazo.
RELACIONES DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES
Siempre que el encargado de ejecutar órdenes de quien lo emplea tenga más dominio de las operaciones-de cualquier tipo que sea- que el que manda surge la problemática de lo que en economía llamamos agente-principal agravada con frecuencia por el poder de tener » prisionero» (holding out) al mandante. El agente puede actuar a favor suyo y no de quien es su principal y su capacidad y experiencia es tan grande que inmoviliza a éste por el costo que supondría despedirlo o encontrarle a igual costo un sustituto adecuado.
La situación principal-agente es omnipresente en la vida. La tiene el mayorista que depende de sus agentes para colocar mercancías; el aspirante a ser dueño de una casa respecto al arquitecto; el financiador de un proyecto y sus asesores; los electores y los elegidos; el dueño de guaguas y conchos y sus chóferes y pinches, etc.
Un elemento de solución legal del conflicto es robustecer la posición relativa de una de las partes. En Europa, por ejemplo, el problema es menor que en los Estados Unidos por la mucho mayor concentración de las acciones en pocas manos lo que implica una mayor dependencia de los administradores respecto a los grandes accionistas, sobre todo de los bancos en países de tradición financiera alemana. La mayor autonomía relativa de los administradores está enraizada en cambio en leyes consensuadas por gobiernos que buscan la promoción de una administración más profesional y eficiente desde el punto de vista del bienestar social o del poder nacional.
Las recetas más usadas para alcanzar cierto equilibrio entre accionistas y administradores, sobre todo el hacer depender la paga de los administradores de la cotización de la empresa en la bolsa o incluso su pago en acciones incluyendo el despido, crean un frente común entre grandes accionistas y administradores que privilegian un crecimiento rápido expuesto por lo tanto a serios riesgos y retrasan cambios inevitables oponiéndose al cierre de la empresa, a su fusión con empresas de otros países o al traslado al extranjero de parte de su producción («outsourcing»).
Otro recurso para limitar el poder oligopólico de los accionistas mayoritarios se basa en declarar de interés público la participación estatal, municipal o laboral en el capital accionario de las corporaciones. En Europa con un capital más paciente y menos interesado en resultados a corto plazo los administradores de grandes empresas corporativas llegan a considerarse como mediadores entre diferentes grupos de interés dentro y fuera de la firma más que como agentes de los propietarios o alternativamente como grupo de interés propio (Streeck).
En última instancia, por lo tanto, el dilema principal-agente puede disminuirse si aumenta la conciencia de que las empresas tienen obligaciones no sólo con sus propietarios o con sus administradores, sino con la sociedad at large que emite señales de su interés en la dimensión de bien común del gobierno corporativo a través de leyes, supervisión y regulaciones.
RELACIONES SOCIEDAD-CORPORACIONES
Dos caminos nos llevan a la concretización de estas relaciones: un sistema coactivo de regulación y supervisión diseñado para enfrentar casos de potencial importancia pública, como los bancos, los valores y los seguros, el primero; uso de un modelo democrático donde todos los participantes tengan voz y se disminuya la concentración de poder, el segundo.
El diseño de un modelo de vigilancia y control sobre el gobierno corporativo de empresas que implican un serio riesgo para la sociedad nace de situaciones lamentables donde una buena parte de la sociedad ha sufrido conductas estimadas como dolosas y fraudulentas de corporaciones que hacen temer su repetición si el Estado no las regula, supervisa y eventualmente castiga. Tanto los controles como la supervisión tienen finalidades más bien preventivas que se diseñan para disminuir la repetición de decisiones corporativas riesgosas estereotipadas y medibles con efectos sociales potencialmente catastróficos.
Los riesgos provocables por decisiones corporativas definidos hasta ahora se dejan reducir a tres áreas de la economía: decisiones personales dañinas para otros (riesgo moral), deficiencias operativas de las corporaciones dolosas o no (riesgo operativo) y variaciones del mercado o del sistema económico (riesgo sistémico).
La realidad nos enseña, sin embargo, que esta red de controladores y supervisores estatales no ha rendido el resultado esperado. Muchos no se asombran de este pobre resultado por razones distintas. Para unos el Estado en general es muy ineficiente y de ningún modo debemos suponer que conoce mejor los problemas que el sector privado y en cualquier caso no tendrían remedios contra el mal del fraude.
Otros, aceptando en mayor o menor grado las limitaciones indicadas, ven que el Estado o mejor sus ejecutivos no son «neutrales» en la identificación de causas y remedios: todos tenemos intereses personales sean financieros, ideológicos o partidistas («primero los míos») que con frecuencia entran en conflicto con lo que el bien de los demás reclama. Hay también, especialmente entre funcionarios de alto rango, quienes atribuyen a la falta de permanencia de los técnicos por intereses partidistas o grupales políticas públicas improvisadas y discontinuas.
De vez en cuando alguien como Carlos Despradel con larga experiencia en las cumbres burocráticas pone, sin embargo, la culpa de la inoperancia de los sistemas de supervisión estatal en la existencia de grupos económicos extendidos en bancos que prestan a familiares, socios y amigos, en medios de comunicación que orientan la opinión pública en un sentido unilateral («el PPH es el pájaro malo del país culpable de todos nuestros errores pasados y por venir»), en muchas empresas en las que aparecen hasta en sus nóminas con títulos más o menos irreales periodistas y profesionales respetados (abogados, economistas… eclesiásticos añado yo) a los que además hacen aportes registrados contablemente como relaciones públicas. Esos mega pulpos no sólo tratan de contar con una pléyade de instituciones, partidos y ONGs que al menos tácitamente las apoyen o no cuestionen algunas indelicadezas sino amenazan implícitamente al Estado y sus reguladores y «obligan» a presidentes y jueces a visitarlos y rendirles pleitesía. Así es aquí. Así pasa, aparentemente hasta en los Estados Unidos donde lobbistas de grandes empresas son frecuentemente asesores y beneficiarios de contratas públicas. El mal va más allá del Estado: es social porque con frecuencia la movilidad social tiene que pasar por la política o mejor por los partidos.
Resulta muy fácil desenmascarar a quienes denigran los sistemas de regulación pública del gobierno corporativo con el argumento de que lo estatal está corrupto o sufre de incompetencia técnica crónica. Basta tomar el lamentable caso de Baninter. Se culpa al Estado de complicidad pasiva por no haber sabido o querido detectar manejos aparentemente fraudulentos. ¿Dónde estuvo, sin embargo, el origen de las horrendas prácticas condenadas por los Supervisores de Bancos de Argentina, Brasil y Chile en su ya famoso estudio para el FMI: en el sector privado o en el público? ¿Por qué criticar la competencia y la idoneidad técnica de la Superintendencia de Bancos más que a la firma privada de fama internacional que sirvió de Auditora?
La conclusión lógica no consiste en negar culpabilidad a los organismos estatales sino en aceptar que la culpabilidad primaria estuvo en el sector privado y no precisamente en funcionarios y empleados ejecutivos sino en organismos de gobierno corporativo. En realidad la problemática moral del gobierno corporativo no es sólo ni primariamente estatal sino societal.
Además del control y vigilancia de empresas privadas claves se están ensayando modelos legales, inspirados en la democracia política, de difusión de la propiedad accionaria que combatan algunos de los males principales de las corporaciones controladas por una minoría y administradas por sus familiares mediante la concesión de licencias de operación o de acceso a financiamiento privilegiado a aquellas empresas cuya propiedad esté en manos de un alto número de accionistas. En Perú no menos de 700. No es seguro que esta auténtica cura de caballo resuelva esos problemas. De la democracia económica si es representativa y no directa ¿podrá decirse la sentencia que se atribuye a Churchill: la democracia es el peor de los sistemas políticos pero no se conoce otro mejor?
REFLEXIÓN FINAL
Soy un convencido de la utilidad de instituciones legales para la organización del gobierno corporativo. Pero ¿deformación profesional? Las instituciones sociales son insuficientes para acercarnos asintóticamente al ideal como se aproxima una variable a su límite matemático sin llegar a él.
Creo que las instituciones son eficaces en la medida en que exista en quienes las manejan una fuerte conciencia ética de responsabilidad al bien de los demás, una preparación técnica competente y una política económica estatal con metas y medios estables y transparentes que incluya procedimientos rápidos y expeditos para condenar y penalizar, siempre con respeto al debido proceso, a quienes los tribunales determinen responsables de mal gobierno corporativo y recordando que la justicia para serlo debe parecerlo condenando primero a los de la propia casa. Ahí si vale aquello de primero los míos.
Desgraciadamente esto es así no porque tenga que serlo sino porque la experiencia histórica nos ha hecho escépticos. Contra el escepticismo los hechos.
