Para que la reforma promueva la justicia fiscal es necesario que el marco de su discusión se haga una evaluación del balance entre el costo de los incentivos y su impacto

Una reforma tributaria que busque fortalecer la recaudación impositiva en base a un aporte equitativo, no regresivo, de los contribuyentes, no debe consumarse sin una previa evaluación de los incentivos fiscales, dado el tamaño el gasto tributario del país, constituido por la transferencia de recursos públicos a través de la reducción de obligaciones tributarias) con relación a la presión tributaria (el gasto tributario es un 4,2% del PIB, mayor al promedio de América Latina y el Caribe, mientras la presión tributaria no llega al 15% del PIB).

Otro dato que llama a la atención es el de que la relación entre gastos tributarios e ingresos tributarios representa para la República Dominicana el 30% en 2021, el segundo mayor de la región, mientras que el promedio regional es del 19% de los ingresos tributarios.

Ha sido una falta inexcusable que habiendo tenido el gasto tributario ese peso sobre la sociedad, a través de los múltiples incentivos fiscales que por mucho tiempo han existido en el país sin que hasta ahora se haya hecho una profunda evaluación de esos incentivos para determinar si el resultado neto de sus externalidades es positivo, por lo que deben ser mantenidos, o si es negativo y deben ser modificados o eliminados.

Tampoco se ha precisado si algunos de esos incentivos han dejado de tener razón de ser porque las condiciones que los justificaban han desaparecido o si los instrumentos para concederlos han generado distorsiones que aconsejan migrar a otros instrumentos.

Esta falencia ha ocurrido en parte porque a los gastos tributarios no se ha puesto el mismo nivel de control y evaluación que los gastos directos, lo cual dificulta transparentar a sus beneficiarios y a los perdedores, si los hubiese, y a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales.

Por ejemplo, un informe de la Cepal y de Oxfam Internacional del 2019 recomienda evaluar tres puntos cruciales al considerar el uso de un tratamiento tributario diferencial que conduce a la pérdida de ingresos, que son determinar si los gastos tributarios resultan en una asignación más eficiente de los recursos, verificar el efecto que tienen sobre la equidad horizontal y vertical del sistema tributario, tomando en cuenta que los tratamientos preferenciales pueden afectar negativamente la progresividad de los impuestos y su impacto redistributivo, y comprobar si existe transparencia y dichos gastos tributarios están incluidos en el proceso presupuestario.

La evaluación de los incentivos se hace más necesaria aún si se toma en cuenta que aunque los gastos tributarios (exenciones, deducciones, créditos, tasas reducidas, aplazamientos y sistemas de depreciación acelerada) se utilizan muchas veces para “corregir” ciertas distorsiones en el sistema tributario que inhiben los resultados económicos y sociales deseables, puede no ser en algunos casos el método más eficiente para abordar tales distorsiones y pueden resultar en un trato desigual de los contribuyentes.

Para que la reforma tributaria promueva la justicia fiscal es necesario que el marco de su discusión se haga una evaluación del balance entre el costo de los incentivos y su impacto social.