Hoy 
BRASILIA, (EFE).- Dos ex ministros del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y un ex presidente de la Cámara de Diputados serán procesados por corrupción, decidió ayer la justicia brasileña al examinar las denuncias por los graves escándalos que sacudieron al país en el 2005.
Después de tres días de sesiones, el Supremo Tribunal Federal también decidió procesar a otros 16 de los 40 acusados, pero dejó el resto de los casos para la semana próxima, tras unos debates que los propios magistrados consideraron tediosos y extenuantes».
Uno de los casos que no se pudo definir en estas maratonianas y farragosas discusiones fue el del ex ministro de la Presidencia José Dirceu, que en la acusación de la Procuraduría General es calificado como el jefe de una organización criminal que desvió al menos el equivalente a unos 150 millones de dólares de dineros públicos.
En la sesión de hoy, la primera dedicada a decidir si deben ser abiertos procesos penales contra los 40 involucrados, el Supremo aceptó las acusaciones contra el ex ministro de Información Luiz Gushiken y contra el diputado y ex presidente de la Cámara Baja Joao Paulo Cunha, ambos del Partido de los Trabajadores (PT).
También será procesado por lavado de dinero el ex ministro de Transporte Anderson Adauto, del Partido Laborista Brasileño (PTB, sigla en portugués), involucrado también en el asunto de los sobornos. Gushiken será juzgado por el delito de peculado, mientras que Cunha, que presidía la Cámara de Diputados cuando estallaron los escándalos, será acusado de corrupción pasiva, según concluyeron los diez magistrados del Supremo tras unas largas discusiones, en las que cada uno de ellos debió justificar su decisión. Ambos son importantes dirigentes del PT, fundado por Lula en 1980 y que también tiene entre los 40 acusados a Dirceu y a José Genoino, Silvio Pereira y Delubio Soares, que en el 2005 eran respectivamente presidente, secretario general y tesorero de esa formación.
El Supremo también se pronunció en favor de procesar a los diputados Paulo Rocha y Joao Magno y al ex parlamentario Carlos da Silva, todos del PT, así como a la ex empleada de ese partido Anita Leocadia y a un ex asesor de Adauto en el Ministerio de Transportes.
Entre los otros procesados tras esta primera fase está el publicista Marcos Valerio Fernandes, a quien se le atribuye la dirección financiera del complejo esquema que permitió recaudar el dinero usado para sobornar parlamentarios.
