Brasilia. EFE. El proceso que le puede costar el cargo a la presidenta Dilma Rousseff llegó ayer a estar suspendido, pero fue retomado tras una jornada de vértigo en la que el Gobierno brasileño jugó las últimas cartas en sus intentos por salvar a la mandataria.
“Sé que un recurso (contra el proceso) fue aceptado”, pero “pido cautela” porque “vivimos una coyuntura de mañas y artimañas”, dijo Rousseff en un acto con estudiantes y profesores al ser informada de una decisión que suspendía el proceso, recibida por vítores por los presentes.
La decisión había sido tomada por el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, que en su primer acto en ese cargo tras sustituir a Eduardo Cunha, suspendido por el Supremo por alegada corrupción, aceptó una demanda de la Abogacía General del Estado, que defiende a Rousseff.
Maranhao indicó que la demanda exigía la “nulidad” de la sesión del pasado 17 de abril, en que 367 de los 513 diputados aceptaron las denuncias contra la mandataria y remitieron el trámite al Senado. Explicó que uno de los “vicios” en esa sesión consistió en que los partidos políticos representados en la Cámara Baja orientaron el voto de sus diputados, lo que no podría ocurrir en una decisión de esa naturaleza. La algarabía del oficialismo duró apenas unas horas, en las que se comprobó que Rousseff tenía razón al pedir cautela. El presidente del Senado, Renán Calheiros, convocó a una reunión urgente a los jefes de los partidos y se dirigió luego al pleno para rechazar la decisión de Maranhao. “Es una decisión intempestiva”, que “no tiene ninguna cabida” y “no puede ser aceptada”, dijo Calheiros, al calificar de “extemporánea” la suspensión del proceso “cuando el Senado ya discute el asunto desde hace varias semanas». Detalló que “ya hubo lectura de informes sobre el caso, se eligió una comisión especial” que analizó la base jurídica de los cargos y “hubo diez sesiones que consumieron casi 70 horas de trabajo” en las que se escuchó a la defensa y a la parte acusadora. “Esta decisión, ahora, es totalmente intempestiva” y “no puede ser aceptada”, pues “no se puede aceptar que se juegue de ese modo con la democracia”, subrayó Calheiros.