En la columna del pasado viernes 12 comenté el crecimiento económico que ha registrado República Dominicana en los últimos 42 años de relativa estabilidad social.

Generalizaba en lo atinente al surgimiento de industrias y establecimientos comerciales durante el ciclo, y de los avances logrados en esa materia.

No entramos en consideraciones, por razones de espacio, sobre los tropiezos, improvisaciones y fracasos que se han debido encarar durante los diez períodos y medio de gobierno transcurridos.

No puede hablarse del proceso de industrialización nacional sin tomarse en consideración la Ley 299, promulgada por Balaguer en el 1968, y que abrió las compuertas para la consolidación de las zonas francas industriales.

Como tampoco eludir que muchas industrias que iniciaron operaciones al amparo de dicha legislación, fracasaron pocos años después, no obstante los privilegios estatales de que disfrutaron.

En 1977, casi una década después de ese boom industrial, visité numerosas empresas de Herrera, con el propósito de realizar una serie de trabajos periodísticos. Grande fue mi sorpresa al encontrarme con industrias que operaban con apenas seis o siete trabajadores.

Aunque el fin primordial de la cita ley balaguerista era la sustitución de importaciones, se perseguía además que ese proceso industrializador se convirtiera en fuente importante de creación de empleos.

El país, a la fecha de creación de la ley, tenía un alto índice de desempleo, y era deber y responsabilidad del Estado crear las bases necesarias para que los dominicanos encontraran medios eficientes para el sustento suyo y el de sus familiares.

Los comentarios externados en la columna pasada eran parte de una serie a la que, ahora, doy continuidad.

Esperen más sobre el tema.