EL CAIRO. El proceso de periodistas de la cadena satelital catarí Al Jazeera, incluyendo cuatro extranjeros, acusados de apoyar a los Hermanos Musulmanes del presidente destituido Mohamed Mursi, se reanuda este miércoles en Egipto después de provocar un clamor de protestas a escala internacional.

Muchos señalan este proceso como un test para las nuevas autoridades, dirigidas de hecho por el ejército, mientras numerosos militantes dicen temer un retorno de un poder autoritario en Egipto ocho meses después de la destitución del único presidente del país elegido democráticamente.

La víspera de la segunda audiencia de este proceso con ocho de los 20 acusados en la cárcel Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció «la continuación de la violación de las libertades fundamentales (…) por las autoridades» a pesar de que, subraya el comunicado, «la Constitución (adoptada en enero) contiene ciertos avances más bien alentadores para la protección de la libertad de la información».

Desde el 3 de julio y el anuncio de la destitución de Mursi, varias televisiones desaparecían de las pantallas egipcias, incluida la cadena de los Hermanos Musulmanes. Dos meses más tarde, la justicia ratificaba su cierre definitivo, así como la de la antena egipcia de Al Jazeera: Al Jazeera Mubasher Misr.

Desde entonces, varios periodistas de Al Jazeera fueron detenidos dos siguen en la cárcel desde el verano- y los locales cairotas del canal fueron registrados varias veces e incautado material.

Desde hace ocho meses, policías y soldados reprimen sin miramientos a los seguidores de Mursi, una represión que ha dejado al menos 1.400 muertos según Amnistía Internacional.

El Cairo no apreció nada la cobertura de los acontecimientos por Al Jazeera, que acusado de parcialidad a favor de los Hermanos Musulmanes, declarados «terroristas».

Más allá de Al Jazeera, se han tendido las relaciones entre Egipto y Catar: El Cairo acusa a Doha de apoyar a los Hermanos Musulmanes y el emirato del Golfo reprocha a las nuevas autoridades su violenta represión de las manifestaciones a favor de Mursi.

«Acusaciones infundadas». El ministerio fiscal señaló 20 «periodistas de Al Jazeera» juzgados. Ocho de ellos, incluyendo el australiano Peter Greste, están detenidos y los otros buscados.

Los ocho detenidos proclaman su inocencia. En primera audiencia, el 20 de febrero, Greste afirmó que «confiaba» en la justicia.

El periodista, detenido en diciembre en un hotel de El Cairo en compañía del egipcio-canadiense Mohamed Fadel Fahmy y el egipcio Baher Mohamed, afirmó en una carta escrita en la cela e enero que «el Estado no toleraría ninguna voz disidente, ni Hermanos Musulmanes ni ninguna otra crítica. Las cárceles desbordan con todos los que se opusieron o desafiaron al Gobierno».

De los 20 enjuiciados, 16 egipcios están acusados de pertenecer a una «organización terrorista» y cuatro extranjeros -dos británicos, un australiano y una holandesa- de proporcionar «dinero, equipos e informaciones» para «difundir noticias falsas» sobre una supuesta «guerra civil en el país».

Al Jazeera asegura que únicamente nueve de los acusados trabajan para la cadena y dice que las acusaciones son «infundadas». Las autoridades afirman que los reporteros trabajaban sin acreditación.

Entre los periodistas juzgados por contumacia figuran los británicos Sue Turton y Dominic Kane y la holandesa Rena Netjes.

En un país dividido entre partidarios del Ejército y Hermanos Musulmanes, atenazado por atentados mortíferos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, Naciones Unidas y organizaciones internacionales de prensa denuncian una campaña de represión contra los medios de comunicación.

Human Rights Watch deploró «una tolerancia casi cero» y Amnistía Internacional evocó un «revés mayúsculo para la libertad de prensa» que «manda el mensaje espantoso de que hoy solo es aceptable una sola versión de los hechos en Egipto, la autorizada por las autoridades».

Según el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), las fuerzas de seguridad han acusado «sistemáticamente» a los periodistas de ayuda al terrorismo y difusión de noticias falsas, «con objeto de amedrentar a todos los periodistas y entorpecer una cobertura independiente».

Además de esto, numerosos periodistas han denunciado maltratos por manifestantes que los acusaban de apoyar a los Hermanos Musulmanes.