La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) presentó, ante el Consejo Directivo de dicha institución, un informe de instrucción donde solicita sean sancionadas dos empresas por colusión en compras y contrataciones públicas, al amparo del artículo 5 literal “b” de la Ley núm. 42-08 General de Defensa de la Competencia.

Fior D’Aliza Alduey, directora ejecutiva de ProCompetencia, señaló que las empresas investigadas, al anular la competencia entre sí, mediante la presentación de ofertas idénticas en productos, cantidades y precios, se agenciaban mayores posibilidades de resultar adjudicatarias por la totalidad de los productos ofertados, lo que eliminó la posibilidad de que la entidad contratante distinguiera cuál de las ofertas recibidas era la más conveniente a sus intereses, y que resultara indistinto para la institución escoger a uno u otro oferente.

El informe presentado especifica que el monto de RD$62,027,220.00, adjudicado en conjunto a ambos agentes económicos en el proceso de compras “Comedores Economicos-Ccc-Lpn-2022-0009”, es el resultado de una conducta anticompetitiva sancionada por la ley. Por tanto, supone una grave afectación al gasto público.

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De no haber mediado dicha coordinación entre las empresas oferentes, la entidad contratante probablemente hubiese tenido la oportunidad de acceder a los mismos o mejores productos a mejores condiciones de precio.

En virtud de lo anterior, la Directora Ejecutiva solicitó al Consejo Directivo la admisión a trámite del caso y la imposición de la multa máxima establecida en la Ley 42-08, las cuales deberán oscilar entre 200 y 3000 veces el salario mínimo.