El consejo directivo de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) ordenó la elaboración de un estudio sobre los trámites de obtención y renovación de registros sanitarios en la República Dominicana, así como la revisión de los actos jurídicos estatales relacionados con dichos procesos, a fin de determinar la incidencia de los mismos en las condiciones de competencia en los mercados de bienes y servicios.

Procompetencia mandó realizar dicha investigación a la Dirección Ejecutiva de la entidad, la cual deberá emitir un informe de recomendación orientado a contribuir con el mejoramiento de la calidad de la regulación, mediante la adopción de medidas y acciones que tengan por objeto la facilitación de la entrada de nuevos competidores a los mercados y la desburocratización y modernización de la administración pública para un mejor desempeño de los agentes económicos.

Para esto la entidad ha dictado la Resolución número 007-2017, que establece que se debe realizar dicha investigación. La misma ha sido notificada al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) y a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemps).
En la resolución del Consejo Directivo, cuya presidenta es Yolanda Martínez, se destaca que la investigación se abre debido al retardo en la obtención de los registros sanitarios, como la exigencia para su obtención del cumplimiento de requisitos irrazonables que escapan al control de los solicitantes, los que pudiesen constituir barreras de entrada de índole legal a agentes económicos de múltiples mercados.
Agrega que esto pudiera afectar sus niveles de competencia y el bienestar de los consumidores, en contra de los fines y objetivos que persigue la Ley 42-08 , por lo que hace imperante evitar que estos trámites administrativos “se conviertan en barreras de acceso al mercado”.
Expresa que el análisis de los registros sanitarios busca la mejora de la regulación económica como una prioridad y asumiendo el importante compromiso encomendado por el artículo 13 de la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia, de promover la simplificación de los procedimientos administrativos y la reducción de trabas e interferencias que afectan a las actividades económicas.
Esto bajo un criterio de eficiencia que permita que las políticas y leyes puedan alcanzar sus objetivos a un coste mínimo, mediante un sistema de regulación que facilite las interacciones en el mercado y especialmente la inversión, pero que a la vez cumpla con su misión de proteger los intereses públicos esenciales.