La directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, advirtió ayer que no permitirá que los dueños colegios privados exijan el pago del año escolar por adelantado, y dijo que en caso de ser necesario, esa  institución intervendrá  cerrándolos.

La funcionaria se refirió a la decisión de los centros afiliados a la Federación Nacional de Centros Educativos Privados (FENACEP) de cobrar por adelantado el próximo año lectivo, y a la colocación de los padres que no cumplan los pagos en los burós de crédito.

Consideró que la educación es un derecho constitucional y que “quien atenta contra ésta, está atentando contra el Estado social”.

Entrevistada en el programa “Oye País”, que se transmite por Color Visión, Paulino llamó a los representantes de la Federación Nacional de Padres a acercarse a esa institución para buscarle una solución al impasse de las tarifas.

Paulino consideró que tomar decisiones en perjuicio de la Educación constituye un atentado al Estado social de derechos y advirtió que si hay que “cerrar colegios Pro Consumidor los cerrará”, pero que no permitirá el abuso de  Fenacep.

Planteó que existe la Ley de Educación, que regula  los colegios privados, y que por demás la educación es un derecho constitucional “que en modo alguno se puede violentar con decisiones arbitrarias y en interés de particulares”.

Decisiones.  Durante una asamblea celebrada el pasado martes, los dueños de colegios afiliados a Fenacep ratificaron una resolución del año 2009, en la que aprueban la generalización del pago de la escolaridad por adelantado, en función de la modalidad de pago existente en cada centro.

En la resolución 1-2009-2010, de septiembre del 2009, aprobaron además la colocación en Data-Crédito de los padres o tutores que incumplan sus compromisos económicos.

La entidad, que agrupa a representantes de  unos 430 centros educativos privados del país, decidió este martes actuar judicialmente contra padres que “dejen de honrar sus compromisos económicos” en los centros.

También resolvieron no entregar ningún documento académico, como récord de notas, cartas de recomendación, cartas de conducta y otros, a quienes tengan cuentas por pagar.

Los voceros de Fenacep Fauntly Garrido y Rosa Ariza rechazaron el límite de aumento en las tarifas de 10% para el próximo año escolar, que impuso el Ministerio de Educación, y dijeron que la mayoría de los centros completó la matriculación, con alzas de entre 10 y 30%.

La clave

Ministra convoca al Consejo de Educación

La ministra de Educación, Josefina Pimentel, convocó al Consejo Nacional de Educación para el próximo miércoles, 6 de julio a las 10:00 de la mañana,  para tratar el tema de las tarifas de los colegios privados. La convocatoria extraordinaria incluye a representantes de los padres y   colegios privados,  Proconsumidor, legisladores, etc.

Alza es ilegal

El diputado perredeísta Víctor Gómez Casanova pidió a los legisladores apoderar a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para que llame a los distintos actores que interactúan en el sector educativo, a  fin de que  se cumpla la Ley de Educación y se protejan los derechos de los padres con hijos en colegios privados. Consideró que  la decisión de la Federación de Colegios Privados de aumentar la tarifa escolar entre un 10 y un 30% es completamente ilegal porque viola la Ley 86-00 que establece que el Ministerio de Educación es la institución que debe regular las tarifas de los colegios privados.

 El legislador señala que la disposición viola la Ley 86-00 y dice que la educación es un derecho, no un negocio, al tiempo que lamentó el silencio de las autoridades del Ministerio de Educación 

“El Artículo 1   establece: «La Secretaría de Estado de Educación fijará y regulará las tarifas o cuotas mensualmente y/o anualmente que los colegios privados cobrarán a quienes hacen uso de sus servicios, lo que se hará a través del Departamento de Colegios Privados, y para lo cual se tomará en cuenta un justo margen de beneficio acorde con la calidad de la enseñanza que oferta cada colegio privado, así como proteger el presupuesto de la familia dominicana”, subrayó.   Gómez Casanova recordó que la Educación es un derecho fundamental. Rechazó que ese derecho sea visto como un negocio, al tiempo que consideró como inaceptable que se pretenda incluir a los padres  en los burós de crédito por deudas.