Proconsumidor: defensor condicionado de los consumidores

He dejado transcurrir un buen tiempo desde la denuncia formal hecha por la señora Altagracia Paulino, directora del Programa de defensa al consumidor, con la intención de no apresurarme en emitir juicios de valores fruto de la inmediatez y el oportunismo, para analizar los diferendos que afloraron con respecto a las condiciones sanitarias y los estándares de calidad en los embutidos que consume el pueblo dominicano, especialmente el salami.

Si bien es cierto que la directora de Proconsumidor asumió una posición que podría evaluarse de valiente, no es menos cierto que los análisis que se hicieron a las diferentes plantas procesadoras de salami, fueron realizados en el mes de febrero  y, por lo tanto, era injustificado el hecho de que los mismos salieran a la luz pública a finales de mayo. Creemos que si las denuncias las hubiese externado en febrero, la gran mayoría de consumidores y productores la tuvieran hoy  en un pedestal.  Pero ¿Por qué no lo hizo en febrero?  A nuestro entender, porque tal denuncia hubiese tenido un efecto  negativo – talvez determinante – para el partido político en el poder, con respecto a los resultados en las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

Los ciudadanos se preguntaban porqué los productores y también los consumidores no apoyaron decididamente a la señora Paulino. La primera razón ya la expusimos, por los comicios presidenciales. La segunda, más valedera aún, fue el hecho de no determinar cuáles fabricantes fueron los que elaboraron los productos cárnicos con fórmulas y defectos nocivos para la salud humana, en la composición industrial del producto final.  Es decir, esta denuncia irresponsable metió a todos los embutidores en el mismo saco, no haciendo abstracción de aquellas plantas procesadoras que cumplían con todos los requisitos legales y sanitarios para su consumo público.      

Si funesto fue para las procesadoras el no señalar las que incumplieron las normas al ser medidas con el mismo rasero, peor resultó en el ámbito internacional tal denuncia, cuando el ministro de salud de nuestro vecino Haití prohibió la entrada a su territorio de la gran cantidad de salami que consumía sus habitantes.  Sería una tarea encomiable para nuestros economistas, el determinar el monto de las pérdidas económicas, así como de los productos cárnicos que se dejaron de vender al mercado internacional. En un país del primer mundo, este hecho hubiese engendrado no sólo demandas contra Proconsumidor, sino también contra el Estado Dominicano por permitir la salida a la luz pública, de una denuncia irresponsable en la cual no se señalaron los infractores, ni tampoco se les aplicaron sanciones penales por incurrir en violación de las leyes sanitarias vigentes.  Es conveniente, que desde ahora en adelante se le preste mayor atención al etiquetado, para que los consumidores sepan con certeza lo que están ingiriendo.

Existe un caso todavía peor y no hemos visto la intervención de Proconsumidor.  En la provincia Espaillat, principalmente en la ciudad cabecera, existen una gran cantidad de “laboratorios” cuya finalidad es adulterar, copiando el envase de varios de los medicamentos esenciales de mayor uso por la población. Esto es sumamente grave para los que tienen afecciones cardíacas. Supe de la venta de un medicamento para la diabetes, el cual se comprobó posteriormente que el polvo que se suponía era el recetado por el médico, sólo contenía yuca deshidratada.  Por supuesto, el paciente nunca se recuperó.  ¿Cuándo será que Salud Pública y Proconsumidor aunarán esfuerzos para desmantelar estos laboratorios de la muerte?

Desgraciadamente las envasadoras de gas se salieron con la suya. En lugar de pesar el gas como lo había propiciado Proconsumidor, se expende por galón, en donde el “sufrido” consumidor no tiene garantía alguna de la cantidad de gas propano que recibe.  Aquí cabe la frase del famoso Chapulín:

¡Quién saldrá a defendernos!