La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), Altagracia Paulino, invitó a todas las empresas a las que esa institución les ha impuesto multas a que acudan a solucionar esa situación, o de lo contrario estarán sujetas a embargo.

Paulino hizo la solicitud en virtud de la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que confirma las facultades de Proconsumidor de sancionar y multar a los infractores de la Ley 358-05 que garantiza los derechos fundamentales de los consumidores o usuarios en el país.

Puntualizó que el objetivo de Proconsumidor no es convertirse en una entidad recaudadora, al revelar que las multas que ha impuesto ascienden a unos RD$18 millones, sino en ser un defensor de los derechos de los consumidores, tal y como lo establece la Constitución de la República.

Dijo que a las empresas a las que Proconsumidor ha sancionado son en su mayoría envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP).

La SCJ dejó sin efecto una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que negaba esa prerrogativa a la entidad.

La disposición está contenida en un recurso de casación fallado a favor de Proconsumidor por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras y Contencioso Tributario de la SCJ.