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POR DIEGO PESQUEIRA
El procurador general Francisco Domínguez Brito estimó que es necesario que haya sanción judicial contra los imputados de estafar al Estado a través del llamado Plan Renove y la importación y asignación de invernaderos durante el pasado gobierno. Afirmó que la ciudadanía está cansada de ver que funcionarios corruptos queden impunes.
A juicio de Domínguez Brito en ambos casos se plantea que hubo una estafa de cerca de RD$2,000 millones, que contribuyen con el empobrecimiento del Estado Dominicano y la población en sentido general.
Entiende que si no hubiera sanción en los casos señalados, se cometería un doble crimen, «como lo es el delito en si de los hechos cometidos y la impunidad que ante la conciencia nacional puede ser vista como una conducta de mayor gravedad».
Enfatizó que un país pobre con una deuda social acumulada de décadas agudizada precisamente por el robo y la corrupción, no puede darse el lujo de seguir observando y soportando que casos como los del Plan Renove y los invernaderos que queden sin sanción.
Domínguez Brito dijo que confiar, sin embargo, en que la justicia dominicana actuará oportunamente y aplicará todo el peso de la ley a quienes aprovechándose de los cargos públicos y las facilidades que da el poder, han cometido actos criminales contra el Estado dominicano y la población.
LLUBERES MONTÁS
De otro lado, el procurador Domínguez Brito instruyó al fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, que cumpla la sentencia de la Décima Cámara Penal de esa jurisdicción, que ordena el desglose del expediente del asesinato del periodista Orlando Martínez en lo que concierne al mayor general retirado Salvador Lluberes Montás (Chinino).
Las instrucciones del procurador buscan que el ex jefe de la Fuerza Aérea sea procesado por separado de los demás acusados, cuyo expediente fue remitido el miércoles a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís.
«Es interés de la Procuraduría General de la República, que el caso relativo al asesinato del periodista Orlando Martínez Howley, sea concluido definitivamente y en tal sentido le recomendamos a ese despacho dar cumplimiento a la sentencia dictada en la Décima Cámara Penal el 11 de febrero de 1999, que ordena el desglose del expediente y que el acusado Salvador Lluberes Montás sea enjuiciado por este tribunal separadamente a los otros acusados», expresó el Procurador en una carta a Hernández Peguero divulgada ayer viernes.
Domínguez Brito recomendó evaluar las condiciones de salud que provocaron la excarcelación de Lluberes Montás.
Lluberes Montás fue excarcelo, pero la sentencia establece que si desaparecen los motivos de esta decisión, el procesado podría ser sometido a prisión domiciliaria.
El Procurador instruyó también para que el fiscal gestione la culminación de la fase de instrucción del proceso en torno a Lluberes Montás.
Además de Lluberes Montás, por el asesinato de Orlando son procesados el general retirado Joaquín Antonio Pou Castro, el ex sargento Mariano Cabrera Durán y los civiles Luis Emilio de la Rosa Beras y Rafael Alfredo Lluberes Ricart.
El grupo fue detenido en 1997, después que el entonces juez del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Juan Miguel Castillo Pantaleón, los enviara por ante un tribunal criminal.
