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El procurador general de la República, Víctor Céspedes Martínez, dijo ayer que abrirá una investigación sobre las alegadas irregularidades registradas en la ejecución de Plan Renove y la repartición de vehículos a sindicatos, federaciones y choferes.
Céspedes Martínez afirmó, además, que espera que le sea presentada alguna querella formal en relación con la distribución de las unidades del Plan Renove.
Alegó que como se encontraba fuera del país no tiene total conocimiento del caso, pero prometió que de inmediato procederá a recopilar todas las opiniones en torno al caso, en primer lugar la obtención de la auditoría.
«Le solicitaré de manera formal a la Contraloría General de la República una copia certificada de la auditoría y todos los detalles del caso en cuestión» precisó.
Conforme una auditoría, el Consejo Nacional de Transporte Plan Renove violó varias de sus normas internas, el Reglamento de Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios, y el Código Tributario.
A consecuencia de estas alegadas violaciones habría sido posible que adquirieran unidades sindicatos inexistentes, funcionarios del gobierno, que se desconozca el paradero de 210 vehículos, y se expidieran cheques sin los documentos reglamentarios.
La información está contenida en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, y que comprende desde el primero de enero del 2002 al 12 de abril del 2003.
Las irregularidades detectadas incluyen la compra de vehículos a la Hyunday Américas Corporation, empresa que al momento de hacerse la auditoría no tenía Registro Nacional de Contribuyentes. Sin embargo, le vendió al Plan Renove de 1,102 unidades por un monto de US$56,499.
Respecto a los funcionarios del gobierno que obtuvieron asignaciones, el documento incluye a Milcíades Guzmán, tesorero del Plan Renove y miembro del sindicato de Terra Bus, quien recibió 40 vehículos valorados en US$1,844,388.00, y Diógenes Castillo, director de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), consiguió seis unidades a un costo de US$357,496.00.
Asimismo, Antonio Marte, miembro de Renove y presidente de la Confederación Nacional del Transporte (CONATRA), obtuvo 22 autobuses por un valor de US$1,715,263.00, y Juan Hubieres, cuando pertenecía a la citada entidad, consiguió un autobús a un costo de US$114,000.00.
La Contraloría General de la República recomendó, en el informe, que sean devueltos los 34 vehículos entregados a la Asociación Dominicana de Confederaciones de Taxi (ADOCOTAXI), y a la Unión de Propietarios de Autobuses, porque no están registradas en la Secretaría de Estado de Trabajo.
Los auditores no pudieron establecer el paradero de 210 vehículos y diez montacargas, ni quiénes son los beneficiarios de los mismos. Sí se determinó que de los 3,511 vehículos entregados por el Plan Renove, 1783 no tienen placas.
El informe especifica que también se violó el propio decreto 949-01 al donar 312 vehículos a asociaciones estudiantiles, religiosas, entidades públicas, privadas y autónomas. Como se hizo a través de la Secretaría de Interior y Policía no hay un control de la documentación de las mismas.
