El procurador general, Francisco Domínguez Brito, advirtió ayer que los funcionarios de los cabildos que se asignen pensiones al margen de lo que establecen las leyes son pasibles de persecución judicial.
Alertó en una nota que una decisión de esa naturaleza viola los artículos 146 de la Constitución; 123 del Código Penal; 150 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios; y el 1 de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Indicó que autoasignarse pensiones al margen de las previsiones presupuestarias y de las leyes, es ilegítimo e ilícito.
Refirió informaciones de que regidores del Cabildo del Distrito Nacional se aprestarían a aprobar “al vapor” una resolución para pensionarse.

Dijo en el documento que los ayuntamientos, y en consecuencia sus alcaldes, regidores y demás empleados que no pagan fondos a la Seguridad Social, no pueden beneficiarse con pensiones.
Recordó que la Constitución señala que será sancionada con las penas que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico.

Explicó en el texto que en esos casos las sanciones son de dos a seis meses de prisión e inhabilitación absoluta de uno a cinco años para cargos y oficios públicos.