El procurador general, Francisco Domínguez Brito, afirmó hoy que la ciudadanía puede estar segura de que no permitirá que nadie se escude en la bien ganada reputación de la iglesia católica y otras instituciones religiosas para cometer actos reñidos con la ley y pretender impunidad. 

“Agotaremos todas los recursos, procesos e instancias necesarias, para hacer que prevalezca la justicia”, dijo. 

Aseguró que en cada uno de los casos de alegadas violaciones sexuales por parte de figuras religiosas, el Ministerio Público (MP) actuará conforme a las leyes y el debido proceso en procura de justicia. 

Domínguez Brito manifestó en lo referente al recién sustituido nuncio apostólico, Józef Wesolowski, que ha iniciado el proceso de investigación para determinar responsabilidades de conformidad con las normas de derecho nacional e internacional, dada  su condición de diplomático. 

En ese sentido, informó que ha procedido a designar al magistrado Bolívar Sánchez, procurador general adjunto, para que sea el encargado de la dirección de la investigación. 

Precisó que como  representante de la sociedad ante la justicia, el deber del Ministerio Público es procurar que cualquier infracción o daño que se cometa contra la misma sea resarcido de la forma que establece la legislación, sin importar el estatus  del imputado. 

«Ante las denuncias serias en las cuales se involucran niños, niñas y adolescentes que al parecer han sido víctimas de abusos,  violentando tanto su integridad física como psicológica, puedo asegurar que el Ministerio Público no los va a desamparar», manifestó Domínguez Brito. 

Tras asegurar que las respectivas fiscalías están actuando y actuarán con apego a la ley y respetando el debido proceso «como ha sido nuestra norma, y se investigan estas denuncias para el esclarecimiento de  las mismas sin importar jerarquías ni denominaciones religiosas». 

«Pueden tener la certeza de que profundizaremos las investigaciones en cada caso;  daremos el apoyo necesario a las posibles víctimas y que de encontrarse indicios serios respecto a las imputaciones, los culpables serán sometidos y lucharemos para que reciban  las debidas sanciones». 

En cuanto  al caso del sacerdote de Constanza, confirmó que existen procesos de investigación en curso en donde  se han completado interrogatorios de dos de las denunciantes y afirma que durante esta semana «trabajaremos intensamente para determinar la veracidad o no de las denuncias. El magistrado Víctor González, procurador general de la Corte de Apelación de La Vega, es el responsable de este proceso de Constanza y lo hará de acuerdo a las normas». 

Por otro lado, en cuanto al sacerdote Alberto Gil, el jefe del Ministerio Público informó que «solicitamos  su declaratoria de rebeldía para poder instrumentar la orden de captura internacional, sin embargo, un juez de Santiago rechazó esta petición que fue apelada por el Ministerio Público y esperamos que sea revocada por la Corte». 

«Hemos contado con el respaldo y cooperación de la iglesia católica para que prevalezca la verdad y la justicia, que son valores claves de la convivencia humana, a los fines de que el imputado  se presente ante la autoridad competente», comentó.