El procurador general de la República, Jean Rodríguez, advirtió que el Ministerio Público continuará actuando «drásticamente» contra los intentos de ejecutar embargos irregulares y dijo que solicitarán que vayan a prisión quienes participen o tengan alguna vinculación con esta práctica que calificó como nociva.

Rodríguez se expresó en estos términos al ponderar la resolución emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que impuso tres meses de prisión preventiva contra tres de cuatro imputados por el intento de embargo ilegal ocurrido el pasado jueves en la empresa Hormigones Tavares Industrial, donde inclusive se produjo una balacera.

El funcionario destacó la presteza con que ante este hecho actuó la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, bajo la dirección del fiscal titular Eduard López, «que apenas horas después de lo ocurrido y de divulgarse un vídeo a través de las redes sociales, localizó y puso bajo arresto a todos los involucrados».

Los imputados con prisión preventiva son Osvaldo De León García, José Rafael Riera Castellano y Luilli Yovani Reyes, quienes deberán cumplir la medida de coerción en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Por su vinculación a este caso también es procesado el imputado Francisco Miliano Reyes, cuya audiencia para el conocimiento de medidas de coerción fue aplazada para el 18 del presente mes.

La fuerza pública Rodríguez explicó que para a poner control a la ejecución de embargos es urgente convertir en ley el proyecto que regula el otorgamiento de la fuerza pública que reposa en el Congreso, haciéndole las modificaciones que sugirieron en torno a esa pieza legislativa.

Resaltó que las sugerencias para esta iniciativa legal se hicieron al Congreso Nacional desde la Unidad de Desarrollo Legislativo y Regulatorio de la Procuraduría, entre las que figura el fortalecimiento de la estructura del otorgamiento y ejecución de la fuerza pública.

Embargo. Con relación al intento de embargo a la empresa, el Ministerio Público informó que le ha otorgado la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano, y a los artículos 66 y 67 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.