El procurador general de la República, Jean Rodríguez, valoró como positiva la decisión del pleno de la Suprema Corte Justicia (SJC) de rechazar la recusación hecha al juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco, por los abogados de la defensa de Conrado Pittaluga, imputado del caso Odebrecht.

Los abogados de Pittaluga recusaron al juez Ortega durante el conocimiento de la audiencia preliminar en la SCJ, el pasado 22 de abril, después que le rechazara un incidente sobre la interceptación mediante orden judicial al número de teléfono del hijo del imputado Conrad Manuel Pittaluga Vicioso. El juez motivó su decisión en que el proceso se encuentra en la etapa preliminar, están cerrados los debates ordinarios y cursando la contrarréplica del Ministerio Público.

Mediante un comunicado, Rodríguez reiteró que el imputado y su defensa utilizan esas estrategias para distraer y confundir, no solo al tribunal y a la opinión pública, sino también al país, respecto a «la grave acusación que pesa en contra de su defendido por los delitos de enriquecimiento patrimonial derivado del lavado de activos».

Explicó que los siete imputados del caso Odebrecht durante el proceso judicial que se sigue en su contra en más de cuarenta ocasiones han intentado de torpedear el proceso de manera infructuosa, siendo una muestra de ello el rechazo del tribunal a los incidentes presentados por la defensa de los encartados.

“Es evidente que durante el proceso los imputados y sus defensas han mantenido una campaña mediática para hacer quedar mal a los jueces y a los fiscales, sin lograr su objetivo, ya que en los tribunales reposa un expediente acompañado de más de 1,700 pruebas que los vinculan a todos y cada uno con los graves hechos de corrupción que se les imputan”, manifestó.

Destacó que este es un proceso judicial cuya importancia es trascendental porque es «el caso de corrupción más grave que ha llevado el Ministerio Público en toda su historia».

Rodríguez recordó que por este caso los ejecutivos de la empresa en Brasil están todos cumpliendo condenas en su nación por los delitos cometidos en la República Dominicana y que la empresa admitió el pago de los sobornos y fue multada, destacando que solo está pendiente la conclusión del proceso judicial que se lleva actualmente en el país contra siete imputados.