Destacó, en una nota de la Procuraduría, que desde su oficina se hacen los esfuerzos necesarios a fin de lograr que todas las cárceles del país funcionen bajo el esquema del nuevo modelo, por lo que adelantó que tienen previsto para final de año convertir la cárcel pública de Azua en un Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR), con lo cual completarían el recinto 19 que funcione bajo ese esquema.

En ese mismo orden, prometió soluciones en los próximos quince días con relación a la cárcel de Higüey.

El procurador general detalló que las casas donde alojarán a los ancianos funcionarán dentro del sistema de cárcel abierta, que se ejecuta como parte de los trabajos de la reforma penitenciaria.

En el marco de la celebración del Décimo Primer Aniversario de la Reforma Penitenciaria en la República Dominicana, sostuvo que uno de los grandes retos será la instauración de un Centro de Corrección y Rehabilitación de mujeres en la región Este del país.

Como parte de la actividad fue presentada la oferta académico desarrollada a través de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) luego de implementada la reforma.

En ese sentido, Domínguez Brito reconoció los avances logrados en el sistema de profesionalización, «y una muestra de ello es la gran cantidad de Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario que ha sido formado por medio de dicho programa».

«La idea es convertir todas las cárceles del país en CCRs, por lo que anunció que en los próximos días en la provincia de Santiago se pondrá en marcha un sistema de cárcel semiabierto para mujeres», manifestó.

En otro orden, agregó que de continuar el aumento de la población carcelaria se requerirán unas 15 mil camas y un presupuesto de alrededor de 500 millones de pesos mensuales, al tiempo que señaló que no se vislumbra una variación de esta tendencia de aumento.

La actividad se desarrolló en la sede del Ministerio Público, en el Centro de los Héroes, y contó con la participación del coordinador nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria, Ysmael Paniagua; el coordinador de la Academia Regional Penitenciaria, Roberto Santana, y el director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Elías Carranza.