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POR TANIA HIDALGO
Los abogados del Estado en el caso del Banco Intercontinental (BANINTER) dijeron ayer que el procurador general Víctor Céspedes ha evidenciado que busca garantizar la impunidad de los acusados en el fraude en esa empresa financiera.
Los dotores Ramón Pina Acevedo, Artagnan Pérez Méndez, Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín y Jorge Luis Polanco manifestaron que «diversos hechos y circunstancias ocurridas alrededor de la persona del procurador general de la República Víctor Céspedes, ponen en evidencia sus condicionadas e interesadas actuaciones tendentes a garantizar la impunidad de los acusados del fraude».
En una rueda de prensa, Pina Acevedo, como vocero del grupo, citó a modo de ejemplo la disposición del Procurador de ordenar la devolución de los bienes incautados del economista Luis Álvarez Renta.
Expresaron que alrededor de la devolución de los bienes de Álvarez Renta y del caso en general ha fluido mucho dinero que compromete no solamente a ciertos miembros del ministerio público «sino también a jueces que han estado empeñados en proteger el fraude cometido en contra del pueblo».
Expresó que con esa actuación el Procurador da la espalda al mandato de la ley «ya que se supone que es el funcionario llamado a garantizar y defender los intereses de la sociedad y la comunidad».
«El problema es que la ley de Lavado de Activos es muy clara. El Procurador General de la Corte, ni el fiscal, una vez incautado un bien y puesto bajo el control de la comisión de custodia, puede devolverlos y únicamente puede hacerse a la vista de una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y eso no se ha dictado en el caso», precisó.
Señaló que existe una especie de «cáncer» en ciertos funcionarios del ministerio público que se mueven para proteger el robo de los dineros públicos y la delincuencia bancaria de la República Dominicana.
Explicó que como abogado que representa los intereses del Estado continuará su trabajo más allá del 16 de agosto, ya que tiene un contrato que no está sujeto a cuestiones políticas y que no puede ser rescindido a menos que falten al cumplimiento.
Expresó que en caso de que el Estado decida rescindir ese contrato tendría que indemnizarlos.
Dijo que alrededor de la devolución de los bienes de Álvarez Renta hay una serie de circunstancias que si salen a la luz pública se entendería por qué es el Procurador de la Corte quien interpone el recurso de apelación a la decisión emitida por el juez Eduardo Sánchez Ortiz y no el Fiscal del Distrito Nacional, ni el Procurador General del República.
Carlos Salcedo añadió que la Procuraduría está presionando al procurador de la Corte de Apelación, Rafael Mejía Guerrero, para que varíe la decisión tomada el pasado 5 de julio en la que solicita a la cámara de calificación confirmar la providencia calificativa emitida en contra de Ramón Báez Figueroa y revocar el auto de no ha lugar emitido a favor de Álvarez Renta.
Indicaron que a propósito de la excarcelación dispuesta por el Procurador General a favor de Álvarez Renta y Vivian Lubrano de Castillo, el año pasado, por supuestas razones de salud, no había pruebas válidas para favorecerlos, por lo que se violó la ley.
