Por: Wilma Martes

El procurador fiscal de Santiago José Francisco Núñez, calificó como una burda estafa al Estado dominicano la operación de la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples La Económica (Coopegas) como una cooperativa.

Núñez indicó, que la empresa se disfrazó de cooperativa, con el objetivo de evadir impuestos.

En ese sentido llamó al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), a ofrecer una explicación sobre de que se Valía esta empresa para no hacer los reportes a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Dijo además, que según el reglamento 201 del Ministerio de Industria y Comercio exige algunas condiciones para que una envasadora de gas licuado de petróleo pueda operar y que Coopegas no cumplía con ninguna.

“Fallaron las tres condiciones que debe tener toda estación de expendio de combustible, que son válvula de enfriamiento, la válvula de cierre de escape y una válvula que se prenda con el encendido de un motor, y esa es la causa de lo que aquí ha ocurrido en esta tragedia que conmovió al país”, expresó.

El magistrado se pronunció en estos términos al informar sobre el apresamiento de cuatro directivos de (Coopegas)acusados de homicidio involuntario, tras la explosión de la envasadora ubicada en el municipio de Licey al Medio, ocurrida el pasado 3 de octubre, donde fallecieron 11 personas y otras dos resultaron heridas.

Como parte de la negligencia atribuida a los directivos, Núñez afirmó, se destaca que fuera un vigilante, quien también figura entre los fallecidos, la persona que encendió los motores para habilitar el servicio al público el día de la tragedia.

“El expediente reúne múltiples pruebas que sustentan la petición de medida de coerción, entre ellas testimonios que dan cuenta de que “cualquiera, hasta un vigilante encendía los motores succionadores del gas”, indicó.

Los detenidos son el presidente de la empresa, Aurilio Concepción, el gerente general Héctor Ramón Vásquez Sandoval, Roberto Antonio Polanco, encargado de operaciones, y Emilio Yan, encargado de la estación afectada, a los cuales se les solicitó medida de coerción consistente en 8 meses de prisión preventiva.