El procurador general de la República anunció ayer que convocará a la plana mayor de la Policía Nacional, a fin de tomar las medidas que sean necesarias para “detener y prevenir” las situaciones de violencia que se han registrado en los últimos días.

 El magistrado Radhamés Jiménez Peña dijo que aunque entiende que los niveles de violencia se han mantenido igual, se han estado registrando casos que, a su juicio, ciertamente son preocupantes.

“Precisamente la próxima semana vamos a sostener una reunión con la plana mayor de la Policía para replantear, ver, cuál es la situación y obviamente adoptar las medidas correspondientes”, expresó sobre la situación el procurador Jiménez Peña.

Combate al narco.  En otro orden, el jefe del Ministerio Público manifestó que “está a la vista” que nunca antes en la República Dominicana se habían asestado golpes tan fuertes contra el narcotráfico.

   Dijo que en esos casos comienzan con la red que dirigía Quirino Ernesto Paulino Castillo que, expresó, operaba de manera normal en el 2004 y en la actual gestión de gobierno es desmantelada y extraditado a Estados Unidos, “y así suscesivamente otros casos   como el de la red Figueroa Agosto y toneladas de incautaciones de droga  que se han hecho”, subrayó.

Sorteo.  Jiménez Peña habló previo a encabezar el sorteo público de 12 lotes para la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Romana, obra que será levantada a  un costo que ronda los  RD$213 millones 800 mil, aportados por la Lotería Nacional.

El sorteo en que participaron 852 ingenieros, fue dirigido por Frank Soto, en calidad de presidente del Comité de Licitación de la Procuraduría General y dentro de los ganadores figuran Almanzor Legüisamón, Alejandro Rodríguez, José Mejía, Franklin D’Oleo, Maritza Adonis, Julio Melián, entro otros.

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El procurador Jiménez Peña dijo que está a la espera de conclusión de las investigaciones que ha puesto en manos de sus adjuntos, sin embargo, explicó que las indagatorias se llevan tiempo y que como pueden concluir en días pueden tardar un mes, un año o varios. Al respecto, representantes de la sociedad civil consideraron que la Procuraduría debe poner mayor celeridad en los casos.