Juan Carlos Mejía Aquino 
El empresario Ángel Rondón. Archivo.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó hoy la homologación del acuerdo con la empresa Odebrecht como «un trascendental paso de avance en la lucha contra la corrupción», tras indicar que colocará más cerca de la cárcel a los sobornados por la empresa.
Rodríguez explicó que entre lo estipulado por el acuerdo está el sometimiento a la justicia de las personas o sociedades que no formen parte del grupo Odebrecht; sus representantes comerciales, comisionistas, agentes, asesores, intermediarios, consultores, empresarios y consorciados, así como también, funcionarios públicos o ex servidores del Estado que hayan recibido o participado en el pago de sobornos.
Precisó que aunque el acuerdo establece que después de homologado, la empresa tiene un plazo máximo de 60 días para entregar informaciones, «hemos logrado que, a más tardar el 19 de mayo próximo, esta multinacional se comprometa a entregar a la Procuraduría la lista de quiénes recibieron esos pagos ilícitos, así como también, todos los testimonios, documentos, archivos, libros, registros y cualquier otro medio de prueba que tenga en su poder”.
Señaló que la multinacional queda obligada, además, a obtener y suministrar en forma ágil, cualquier otro dato especifico que le sea requerido por el Ministerio Público, al tiempo que reiteró que con esas informaciones, junto a las que suministrarán las autoridades brasileñas y las recabadas en el país durante la investigación puesta en marcha desde finales de diciembre pasado, “completaremos el rompecabezas para someter a la justicia a los corruptos, sin importar quienes sean”.
Aseguró que el acuerdo homologado será divulgado integro en las próximas horas, tras indicar que con el mismo se da inicio al reclamado fin de la impunidad.
Retraso de información. El funcionario indicó que “la retención o el retraso de parte de la constructora brasileña en la entrega de la información sobre los hechos delictivos cometidos en el país, ocasionaría que el Ministerio Público reinicie automáticamente las medidas cautelares en contra de esta”.
Recordó que “la multinacional brasileña ya fue sancionada por tribunales en Estados Unidos, y sus ejecutivos, específicamente los señores Marcelo Odebrecht y Marcos Antonio Vasconcelos Cruz, ya fueron procesados y condenados por la justicia de Brasil, y que el principio internacional de única persecución judicial, consignado también en la Constitución dominicana, impide que por los mismos hechos puedan ser condenados por la justicia en República Dominicana”.
Insistió en que el acuerdo no limita investigaciones sobre otro tipo de infracciones, por lo que si se detecta que Odebrecht pagó más de los US$92 millones admitidos como soborno en el país, «adicionalmente deberá pagar el duplo del excedente”.
Retribución por sobornos. Rodríguez puntualizó que durante los tres primeros años, el Estado dominicano recibirá US$92 millones, equivalente a la mitad de la indemnización lograda de US$184 millones y que los US$92 millones restantes en un plazo máximo de 5 años, con un privilegio de pago sobre los demás países afectados por la trama ilícita, exceptuando Brasil, Estados Unidos y Suiza”.
Agregó que en un caso declarado complejo por un juez, como es este de los sobornos pagados por Odebrecht, el artículo 370-6, del Código Procesal Penal Dominicano, faculta al Ministerio Público “para tal y como se hizo, solicitar a un juez o tribunal, la aplicación de un criterio de oportunidad, si el imputado colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones, como en efecto está ocurriendo”.
