El procurador general, Jean Rodríguez, reveló ayer que durante seis meses de investigación interna y externa sobre el caso Odebrecht encontraron indicios “serios y graves” de que entre los interrogados hay personas que tienen patrimonio provenientes de actividades ilícitas.

Explicó que para poder descubrir cómo operaba en el país el sistema de soborno del consorcio brasileño, y preparar un caso “sólido y sin fisuras”, integró un equipo de más de 30 técnicos especialistas en diversas áreas, e hizo dos líneas de investigación: la de la empresa y sus empleados; y una a los alegados sobornados.
Señaló que como Odebrecht fue sancionada con una indemnización y obligada a aportar pruebas, y sus empleados no podían ser procesados en el país por el principio del “Non bis Idem”, se centraron en los empresarios, funcionarios, legisladores y otras personas.
Informó que iniciaron un proceso de levantamiento, durante el cual lograron identificar en diversas obras contratadas por el consorcio brasileño decenas de irregularidades de carácter administrativo, lo cual, dijo, además de ser ilegal, “constituye una legítima sospecha de que parte de esos funcionarios había violado la ley por los sobornos que Odebrecht les entregaba”.
Luego pasaron al interrogatorio de unas 35 personas que por el cargo que ostentaban entre 2001 y 2014 pudieron tener alguna relación con las obras que ejecutó Odebrecht en esos años, para poder llegar al fondo del complejo caso
Agregó que la investigación se complementó con el análisis de las declaraciones jurada de bienes de los sospechosos depositadas en la Cámara de Cuentas; sus movimientos bancarios, a través de la Superintendencia de Bancos; de sus propiedades inmobiliarias ante el Registro de Títulos; de sus bienes muebles y otras propiedades, ante la Dirección de Impuestos Internos; y de sus compañías, ante la Cámara de comercio y Producción. Además solicitaron y recibieron decenas de informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Afirmó que toda esa documentación le permitirá al Ministerio Público demostrar en los tribunales que “los hoy imputados habían formado un patrimonio que no correspondía con los ingresos que generaban como funcionarios públicos”.
Señaló que así se llegó al momento actual donde convergen las dos línea de investigación.
“El 17 de mayo recibimos los documentos pendientes que Brasil nos envió de manera anticipada, gracias al acuerdo, complementando así un fuerte conjunto de evidencias que demostraban quienes recibieron los sobornos, y en qué contexto lo hicieron”, subrayó Rodríguez en conferencia de prensa.
Resaltó que todo este inmenso trabajo confirmó la tesis inicial de que en más de 13 años algunos funcionarios y empresarios, en complicidad con la empresa Odebrecht, se enriquecieron de forma ilegal con el dinero de todos.