El procurador general, Francisco Domínguez Brito, consideró ayer “un paso de esperanza” en la lucha contra la corrupción y la impunidad, el dictamen del magistrado Ramón Horacio González Pérez, mediante el cual dispuso prisión preventiva contra dos de seis jueces acusados de prevaricación.

Dijo que esa decisión obliga y reafirma el compromiso que tiene el Ministerio Público, de promover una justicia más fuerte contra la corrupción.

“Al acogerse nuestra solicitud de medida de coerción contra la jueza Awilda Reyes y el exconsejero Francisco Arias Valera, se ha dado un gran paso de avance contra la impunidad y contra la indiferencia en los casos de corrupción, de cara a una revisión de la estructura judicial”, aseveró elfuncionario en un documento de prensa.

Refirió que aunque fue él quien personalmente hizo la denuncia contra esos y otros cuatro jueces y asumió un rol crítico hacia el sistema de justicia, “la estrategia es luchar juntos por un cambio de visión y de acciones, de cara a replantear y reformar todo el sistema”.

Eso, “no solo para que la ciudadanía recupere la confianza, por lo cual se trabaja, sino también para que juntos hagamos establecer el imperio de la ley”.

Sostuvo que pese a las dificultades, los conflictos, las posturas de inconformidades y posiciones de desconfianza, está convencido de que este fallo es un gran avance para transformar lo que ha sido la cultura de impunidad en el país.