El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, favoreció ayer la aplicación de la ley de extinción de dominio, figura jurídica que establece que los bienes decomisados pasen al Estado sin la necesidad de que intervenga una sentencia definitiva.

Dijo que se trata de una figura constitucional con la que se le daría a los narcotraficantes donde más le duele, que es en sus bienes.

El planteamiento al que hizo alusión Jiménez Peña fue hecho por el juez Manuel Ulises Bonelly quien en un libro de su autoría explica que se trata de hacer un juicio sobre la cosa por su naturaleza, origen o destino independientemente del juicio penal que pueda llevarse en contra de la persona.

La nueva figura jurídica surge en momentos en que el Estado tiene en su poder propiedades decomisadas por procesos judiciales, que  se han ido deteriorando en espera de la solución penal de los procesos. 

La propuesta de Bonnelly está contenida en el libro “La Extinción de Dominio o Confiscación Civil de Bienes Ilícitos”, puesto  circular el miércoles en el Auditorio de la Suprema Corte.