El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, abogó ayer porque en el país se apliquen mayores controles de las telecomunicaciones, de manera que además de las llamadas, mensajes de texto y de voz se incluyan servidores, bases de datos y otras tecnologías.

A juicio del funcionario, las interceptaciones telefónicas son una herramienta fundamental en el combate al crimen organizado, la trata de personas, redes de prostitución, tráfico de armas y corrupción administrativa. Expresó que el país debe iniciar un proceso de revisión y unificación de criterios en  materia de telecomunicaciones, como atraviesan otros países.

Poder jueces.  Al participar en la inauguración de un taller sobre interceptaciones telefónicas en el proceso penal, Domínguez Brito puntualizó que solamente un juez puede autorizar las interceptaciones, y advirtió que cualquier otro organismo que las ordene incurre en un acto ilegal. Sin embargo, el máximo representante del Ministerio Público insistió en que aún respetando el poder de los jueces en la materia, se deben buscar los mecanismos para agilizar los procesos y garantizar que los miembros del  Ministerio Público tengan todas las herramientas para investigar.