POR DIEGO PESQUEIRA Y TANIA HIDALGO
El procurador general interino, licenciado Rodolfo Espiñeira, dijo ayer que con apenas un año y medio de vigencia del Código Procesal Penal es muy pronto para hablar de introducirle cambios y, empero, resaltó que con la aplicación de la nueva norma se acabó la época de la impunidad y de la falta de condenas. Al ser entrevistado en el diálogo jurídico del Hoy, el magistrado sostuvo que con el código viejo había problemas de movilidad y de conclusión de los casos.

O sea, que nosotros estamos partiendo de una realidad de que este Código entró para poder solucionar esa lentitud procesal y esa falta de condenas, que lo único que llevaba, en el 99% de los casos, era a que se mantenga un sistema de impunidad que al fin es el caldo de cultivo para que la gente siga delinquiendo, manifestó.

Puso como ejemplo que muchos casos iniciados en el nuevo Código, incluidos sometimientos por corrupción, ya están a nivel de la Suprema Corte de Justicia.

Explicó que en el distrito judicial de Santiago el Ministerio Público ha logrado condenas en más de un 75% con el nuevo Código y que en los casos de drogas obtuvo condenas en cerca del 95%.

Alegan que los presuntos criminales salen rápido en libertad, pero las medidas de coerción que más están aplicando los jueces es la prisión preventiva, agregó.

Espiñeira reconoció la preocupación que existe en la población por algunos crímenes que se han presentado en los últimos días, a los cuales no estaba acostumbrada.

A toda esa situación el conjunto de autoridades trabaja para darle respuesta, dijo.

Sin embargo, manifestó que los índices de homicidios en febrero del 2006 son muchos más bajos que los registrados para la misma fecha en el 2005.

El procurador general interino expresó que trabajan en atacar las causas que llevan a las personas a cometer los crímenes.

El Plan de Seguridad Democrática, a través de Barrio Seguro, procura dar respuesta integral y no sólo a la imposición del orden por parte de la Policía.

Explicó que contempla, igualmente, solución de calles, mejora de viviendas, instalación de canchas y apoyo técnico, alumbrado público y reconstrucción de escuelas.

Recordó que un joven que no tiene espacio para la práctica de deportes y que no dispone de alumbrado público, es más proclive a ser sonsacado para que consuma drogas o se dedique a robar.

PREOCUPA

Espiñeira admitió que mueve a preocupación el alto porcentaje de atracos y robos en los que están implicados los propios empleados y vigilantes de los establecimientos comerciales.

Manifestó que este tipo de componendas entre empleados y delincuentes resulta difícil de prevenir por las autoridades policiales.

MILITARES Y POLICIAS

Espiñeira sostuvo que la labor de seguridad ciudadana corresponde únicamente a la Policía Nacional, por lo que descartó la posibilidad de enviar militares a la calle.

Entiende que los hechos violentos registrados en el país en las últimas semanas representan un brote, que a su entender, ha sido enfrentado por la Policía.

Recordó que muchos de estos incidentes, como robos y atracos, resultan difícil de prevenir, puesto que los autores han sido empleados o vigilantes.

Dijo que el rol de las Fuerzas Armadas es la responsabilidad de garantizar la soberanía nacional.

MICROTRAFICO

Uno de los principales incrementos de la delincuencia fue atribuido por el procurador general al microtráfico de drogas en los barrios, que muchas veces envuelve asaltos con violencia.

Anteriormente, explicó, en el modo de operación de los narcotraficantes sólo usaban el país como puente y pagaban con dinero a sus cómplices dominicanos.

En la actualidad, entiende, pagan con mercancías, lo que a su vez ha ampliado el mercado de venta y consumo entre los dominicanos, y por ello la proliferación de los puntos de drogas.

Esa situación se da, dijo, en las principales zonas urbanas del país, pese al trabajo eficiente que, afirmó, realiza la DNCD. La Policía se ha integrado para enfrentar esa situación.

ACCIONES 2006

Las actividades planificadas para el año 2006 obedecen a un plan estratégico elaborado para el período 2005-2008, en la gestión del procurador en licencia Francisco Domínguez Brito.

Estas acciones se desarrollan teniendo como ejes fundamentales la política criminal del Estado dentro del Plan de Seguridad Democrática, el fortalecimiento del Ministerio Público, el nuevo modelo penitenciario, el programa de atención a las víctimas del delito penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la ampliación de la plataforma tecnológica y los aspectos relacionados con la transparencia. El INACIF tiene sede en el Distrito Nacional y regionales en el Norte (Santiago); el Este (San Pedro de Macorís) y en el Sur (Azua), en interés de ofrecer una cobertura nacional con las herramientas modernas y científicas en el esclarecimiento de muertes violentas. Tienen técnicos formándose en Colombia y próximamente enviarán otro personal a Chile, Argentina y el País Vasco, para afianzar estudios en medicina legal, en ginecología forense y, especialmente, en traumas y heridas.

Existe, dijo Espiñeira, un gran interés en poder reducir los índices de la criminalidad y mejorar la eficiencia del Ministerio Público.

40% DENTRO MODELO PENITENCIARIO

Para este año, dijo el procurador Espiñeira, el 40% de la población penitenciaria quedará incluida dentro del Nuevo Modelo Penitenciario, como una manera de humanizar el servicio hacia los internos.

Anunció que en el 2006 tendrán gerencia y administración especializada, junto a la remodelación de las infraestructuras físicas, los centros penitenciarios de Mao, Monte Plata, Najayo (hombres) y Rafey (Hombres), San Felipe de Puerto Plata. Se incluye también los centros de San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís.

Ya están en servicios los centros de Najayo (Mujeres), el Centro de Rehabilitación y Corrección de Puerto Plata, Dajabón, Elías Piña, y el nuevo modelo de cárcel abierto de Haras Nacionales.

CENTROS MENORES

Dentro del nuevo modelo penitenciario, para este año la Procuraduría General construirá centros de corrección de menores en Haras Nacionales, con capacidad para 100 jóvenes y en Santiago, para 65.

La inversión estará a cargo de la Unión Europea a través del Proyecto de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME).

También, otro centro en Batey Bienvenido con los auspicios de la Secretaría de Educación.

FORMACIÓN

En este año cerca de 700 integrantes del Ministerio Público deben someterse a un proceso de estudios que forman parte del programa de perfeccionamiento de la Escuela Nacional del Ministerio Público, que dirige la doctora Aura Celeste Fernández.

Incluyen estos cursos aspectos puntuales de la ejecución del Código Procesal Penal como medidas de coerción, aperturas a juicio, dirección de investigaciones previas tanto a apertura de juicio como a medida de coerción, y en sentido general, fortalecer la capacidad del Ministerio Público en dirección a la investigación.

Contra motociclistas

Espiñeira manifestó que un conjunto de instituciones oficiales preparan un sistema para controlar la delincuencia que generan personas que se desplazan en motocicletas, principalmente de las denominadas passolas.

Añadió que con el inicio del plan, a los conductores de motocicletas se les exigirá licencias de conducir, a parte los demás requisitos que establece la ley como casco protector y óptima condición del vehículo, principalmente de luces y frenos.

Tampoco permitirán exceso de personas a bordo de las motocicletas, para lo cual, dijo el procurador, afinan con la Policía y la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, para dar un seguimiento especial.

No puede ser que anden dos personas en una motocicleta y pasen frente a las autoridades sin placa y sin luces, sin ningún tipo de control. Ya nosotros tomaremos las medidas de lugar, advirtió.

Sostuvo que para nadie es un secreto que la mayoría de los robos, asaltos y despojos de carteras, cadenas y celulares, se materializan en motocicletas.

Una vez esté regularizada la situación del desplazamiento de las motocicletas por las vías públicas, agregó, los delincuentes tendrán que abandonar las calles y sostuvo que se trata del simple cumplimiento de la ley.

Recordó que muchos de los actos de ratería, como despojos de cadenas, carteras y celulares, son producidos por personas que escapan en motocicletas.

La semana pasada, dijo Espiñeira, se reunieron en la Secretaría de Obras Públicas los representantes de varias instituciones que procuran solucionar el problema de las placas de los vehículos.

Además de la Procuraduría y Obras Públicas, integran esas instituciones la Policía Nacional, AMET, la Superintendencia de Seguros, la Dirección de Impuestos Internos y la Dirección General de Tránsito Terrestre.

Estamos elaborando un plan para que el caso de las motocicletas, los mismos carros y otros vehículos, para poder lograr una identificación en el momento, dijo el procurador Espiñeira.

Con la licencia de conducir la motocicleta, dijo, se podrá determinar posibles antecedentes del conductor, principalmente si es buscado por la Policía Nacional o la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Llamó a los padres de familias que no permitan que sus hijos menores anden en motocicletas y passolas, a fin de que no sean víctimas de los maleantes.

Manifestó que está avanzada la plataforma tecnológica que se utilizará para este nuevo proyecto, la cual incluirá modernos instrumentos y equipos que interconectarán en red las instituciones involucradas.

Agregó que en su oportunidad las autoridades correspondientes ofrecerán los detalles generales del proyecto.

Este plan incluye, además, medidas para contrarrestar lo robos de vehículos, dijo.