El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, consideró que en el país debe producirse un desarme general de la población civil, empezando por los delincuentes que portan armas ilegales.

Jiménez Peña planteó también la necesidad de que esta misma medida se aplique a los  militares y a los agentes policiales que no estén en servicio.

Al ser entrevistado en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, de Moca, Jiménez Peña expresó que “hemos visto que muchos militares y policías, en momentos en que no están de servicio han asesinado a personas precisamente porque cargan un arma de fuego”.

El magistrado respondió así a preguntas de periodistas sobre el incremento de la violencia en el país, y sobre todo, por el incidente ocurrido la noche del pasado viernes en la empresa  de alquiler de películas Movie Max, en Santo Domingo, donde Luis Ortiz  le hizo varios disparos al empleado  Vladimir Díaz, provocando heridas  a éste y a varias personas que se encontraban  en el establecimiento.

Las estadísticas hablan. De acuerdo con las informaciones del magistrado, el  65%  de los homicidios que se producen en el país son causados por arma de fuego, por lo que entiende que desarmar a la población y a los  miembros de los cuerpos castrenses cuando estén fuera de su trabajo puede reducir  en más de un 50 por ciento la tasa de homicidios en la nación.

“He sido de  opinión y lo he planteado públicamente que en el país, y eso todavía no está en mi jurisdicción, sino de Interior y Policía, la expedición de arma de fuego debiéramos proceder a un desarme generalizado de la población. Obviamente, sé que la gente tiene temor por  la delincuencia, pero debiéramos hacerlo por varias  etapas”, dijo.

La clave

1. Pautas  para desarme

Jiménez Peña planteó que  en una primera etapa se recojan todas las armas ilegales que están en manos de delincuentes y  un desarme a la  población civil en sentido general.

2.  A los militares

Para el Procurador General es de vital importancia  que se exija que los  militares y policías sólo puedan  hacer uso de sus armas de reglamento cuando  estén prestando servicio en sus cuarteles o en las patrullas a las que están adscritos.