Tomás Castro, abogado de la magistrada Awilda Reyes Beltré, atribuyó ayer al procurador general Francisco Domínguez Brito haberle propuesto a su defendida una condena benigna a cambio de que se declare culpable de los hechos de prevaricación que le imputa el Ministerio Público, y denuncie a los demás magistrados que junto con ella, negociaban procesos judiciales.

Castro habló a la salida de ambos del despacho del procurador, con quien conversaron por espacio de una hora.

De su lado, la jueza suspendida negó que le haya dicho nada al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, y dijo que en su momento eso “se discutirá y saldrá a la luz la verdad”.

Rechaza propuesta. Castro calificó la propuesta del procurador como una solicitud de “suicidio de carácter legal y moral”, y afirmó que bajo ningún concepto la aceptarían, ni le recomendaría a ningún cliente suyo aceptar.

“Porque él le pide (a Awilda) que se declare culpable, que involucre a todos los demás jueces, que narre todo lo que supuestamente ella sabe y que luego entonces negociamos la ejecución de la pena”, dijo el abogado de la magistrada.

Documento apócrifo. Así calificó Castro el recibo enviado por el presidente del CPJ al procurador, como prueba de la devolución de RD$350,000 que hace la jueza Awilda al exconsejero Francisco Arias Valera, quien se los habría entregado “como adelanto para liberar” al regidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís. “Eso es un photo shop de un documento apócrifo al que nosotros necesariamente le restamos veracidad”, dijo.

Sociedad civil media. La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, y Javier Cabreja, exdirectivo de esa entidad, acompañaron el jueves a la jueza suspendida a una entrevista con la procuradora Anticorrupción, Laura Guerrero Pelletier, porque esta solicitó intermediación.

De los seis miembros del Poder Judicial acusados por el procurador Domínguez Brito de vender sentencias, a ella se le cuestiona por haber ordenado la devolución de una aeronave incautada por orden judicial al presidente del quebrado Banco Peravia; US$20 millones a favor de la constructora de la Torre Atiemar, y ordenar la libertad del regidor de los Santos Solís, quien negó haber pagado por su libertad.

Enfrentarán al procurador. El abogado Castro dijo que frente a las acciones que tome el Ministerio Público, se van a regir por lo que dicen los códigos, ya que el procurador dice que no tiene nada que ver con juicio disciplinario, sino con sometimiento a la justicia.

Recordó que el jueves Domínguez Brito apoderó a la Corte de Apelación del Distrito Nacional de la acusación contra la magistrada Reyes Beltré, y el magistrado Ramón Horacio González Pérez, presidente de ese tribunal, “se autodesignó como juez de la Instrucción especial para comenzar a conocer del asunto”.

Todo se sabía. El 6 de julio de este año la jueza Isis Muñiz Almonte le envió un informe-denuncia al presidente del CPJ, Mariano Germán, sobre actividades dudosas del entonces consejero Arias Valera.
El 2 de noviembre, la jueza Awilda Reyes firmó el recibo devolviéndole los $350,000 a Arias Valera; el 12, éste presenta su renuncia; el 13 Germán convoca al CPJ y la aprueban.

El 15 del mismo mes el procurador Domínguez Brito le comunica a Germán de la investigación a seis jueces; el 23 Germán habla a la prensa y se desliga de acciones de acusados, y el 24 envía al procurador el supuesto recibo de Awilda.