El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, insistió ayer en que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) debe estar adscrita a la Procuraduría General de la República, porque así lo establece la Constitución promulgada en 2010.
Mediante un comunicado, dijo que el traspaso de la DNCD contribuiría a una notable mejoría y eficiencia en la investigación de los hechos criminales en materia de drogas.
Domínguez Brito explica que el artículo 141 de la Constitución establece que los organismos autónomos y descentralizados deben estar adscritos al sector de la administración compatible con su actividad y que, en el caso de la DNCD, la Procuraduría equivale al ministerio de Justicia.
Indica que la Procuraduría es el organismo más afín a la DNCD, porque investiga y persigue las infracciones criminales relacionadas con el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas.
Agrega que el artículo 261 faculta la conformación de cuerpos de seguridad pública con integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los cuales estarán subordinados al ministerio o institución del ámbito de sus respectivas competencias.
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Organización
Domíngurez Brito manifiesta que con las disposiciones constitucionales se pretendía organizar mejor la estructura institucional del Estado, de manera que instituciones como la DNCD dejen de ser dependencia del Poder Ejecutivo, y pasen a ministerios de su competencia.
Esta posición recibió el rechazo del presidente de esa institución, mayor general Rolando Rosado Mateo, al tiempo que fue respaldada por Casa Abierta.