El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, consideró ayer propicio iniciar un diálogo para sustituir la Ley de Drogas para ampliar las penas en los casos de narcotráfico y lavado de activos, y tratar el consumo como un problema de salud pública.

“A veces vemos gente con 50 kilos condenados a solo ocho y diez años porque la ley no permite en algunos casos esa cantidad, es fundamental que nosotros podamos llevar a 30 años no solamente los casos de heroína, sino otros casos de gran tráfico de cocaína”, expresó.

Previo a participar de una misa por el 28 aniversario de de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Domínguez Brito destacó que esta ley debe fortalecer los mecanismos de prevención y darles seguimiento a los jóvenes involucrados en las drogas.

Castigar autoridades. Domínguez Brito agregó que de igual forma hay que castigar con más severidad a las autoridades que de alguna manera u otra puedan ser cómplices del narcotráfico.

“Tenemos que fortalecer todos los mecanismos para que el narcotráfico no penetre sectores de la vida institucional”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que no hay ningún obstáculo en la modificación de la Ley 5088, pero hasta el momento no han iniciado el diálogo.

Ley 72-02. De su lado, el presidente de la DNCD, mayor general Julio César Souffront Velázquez, dijo que en estos momentos entidades dialogan para condicionar la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

Explicó que en estas discusiones participan el Consejo Nacional de Droga, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Hacienda, las superintendencias de Banco y de Valores, entre otras instituciones que buscan conclusiones para reducir el lavado de dineros provenientes del narcotráfico.

“Nuestro criterio sobre los bienes es que deben ser entregados a instituciones que conforme a la naturaleza del bien tengan la preeficiencia de manejarlos”, manifestó.
Entiende que cuando estos bienes son subastados deben recibir parte de las ganancias instituciones como Salud Pública, para que contribuyan con el rescate de los adictos.
Dijo que la Procuraduría esta a cargo de los bienes, y aunque tiene la mejor voluntad, “pero siempre hemos enfatizado que estas deben ser decisiones que nazcan del consenso, ellos tienen un criterio y nosotros otro, pero lo que importa es que cada uno de los que interactúan quiere lo mejor para que esta normativa se fortalezca”.