El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, urgió al Congreso Nacional la aprobación de cuatro leyes que definió como fundamentales para fortalecer la lucha contra el crimen y garantizar la seguridad ciudadana.

Se trata de las leyes de Reforma Policial, Extinción de Dominio, Armas de Fuego y el proyecto de Ley Orgánica que regularía el sistema correccional para la rehabilitación y reinserción a la sociedad de la persona privada de libertad.

Esos proyectos de ley llevan años depositados en el Congreso Nacional.
“Para lograr mayor efectividad en el tema del combate del crimen y conseguir instaurar una República Dominicana con mayores niveles de seguridad, es vital que esas leyes sean aprobadas”, apuntó.

El procurador expresó que si bien es cierto que en los últimos tiempos han logrado avanzar y que pese a que la nación dominicana tiene uno de los niveles más bajos de criminalidad de la región, es necesario seguir fortaleciendo el plan, que procura llevar la paz y la tranquilidad a toda la población.

Indicó que la seguridad ciudadana es determinante para mantener la inversión extranjera y por ende, el crecimiento económico.

“Necesitamos seguir creciendo y progresando como nación, siendo la seguridad ciudadana un factor determinante en este aspecto, ya que ello además contribuye a fortalecer la inversión extranjera, lo cual favorece el crecimiento económico y social, además de que permite la implementación de políticas efectivas en esa materia”, declaró.

Llamó a los senadores y diputados a que den prioridad a cada uno de los citados proyectos, pues con su implementación se lograrían mejores resultados y cumplir con uno de los grandes retos de la nación.

Historia. El proyecto de reforma policial fue introducido por el Poder Ejecutivo en mayo del 2013, luego de acogerse algunas sugerencias de Amnistía Internacional, entre ellas la rendición de cuentas de parte de los agentes cuando cometan violaciones a los derechos humanos.

En octubre del 2015 fue aprobado en primera lectura en el Senado. Una de las novedades de la iniciativa es que limita a 20 la cantidad de generales que deberá tener la Policía. Actualmente tiene 50.