El procurador general de la República informó hoy que instruyó a los representantes del Ministerio Público a presentar acusación formal en contra del conductor Ronal Parreño Liriano, quien luego de ser capturado el pasado 18 de este mes por transitar con un camión por la ciclovía de la avenida Winston Churchill, se determinó que fue la misma persona que en julio de este año provocó el accidente en la carretera Samaná, donde murieron 18 personas y otras resultaron heridas.

Una nota de prensa indica que Rodríguez solicitó además, a través de los fiscales actuantes, apelar la variación de la medida de coerción con la que se favoreció al imputado Parreño Liriano, consistente en una garantía económica, suspendiendo la prisión preventiva.

Precisa que también se procederá a solicitar ante el juez apoderado la cancelación de la licencia de conducir de Parreño Liriano, la cual portaba en el momento de la violación a la ley de tránsito en la avenida Churchill, y pese a determinarse que había provocado el accidente donde murieron las personas, miembros de una iglesia evangélica.

Agrega que para dar cumplimiento a la orden del Procuraduría en este caso, fue designado el fiscalizador Altemar Santana Palomino, representante del Ministerio Público ante el Juzgado de Paz del municipio de Sánchez, en el provincia del mismo nombre, a quien además se ordenó solicitar para dicho imputado la pena máxima, que es de cinco años de prisión, así como la cancelación permanente de su licencia de conducir.

Resalta que la acusación por los hechos acontecidos en la ciudad de Samaná fue depositada el día siete de octubre del año en curso. La primera audiencia preliminar fijada para conocerse en fecha 8 de noviembre, se suspendió para el 6 de diciembre, a fin de darle oportunidad al inculpado de presentar su defensa técnica.

El pasado veintitrés de noviembre al Ministerio Público se le notificó formalmente la resolución número 292-2016-SSEN-00017bis, instrumentada por la jueza interina de la Instrucción Mayra Josefina de la Cruz Lora, mediante la cual se le varió la medida de coerción al incriminado, de prisión preventiva por una fianza, a «pesar de la oposición férrea de los fiscalizadores actuantes y será apelada en las próximas horas».