El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, dijo que los esfuerzos de cooperación en la lucha contra el crimen deben ir dirigidos hacia el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los Estados, tanto a nivel local como internacional, al tiempo de indicar que la criminalidad organizada es transnacional, por lo que su persecución debe trascender las fronteras nacionales.

El magistrado Jiménez pronunció una conferencia en el seminario internacional “Políticas de prevención y contención del crimen en sociedades democráticas”,  realizado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

“Desde el punto de vista jurídico, la capacidad de respuesta de los Estados ante los fenómenos delincuenciales, puede fortalecerse a través de la creación de instrumentos jurídicamente vinculantes, como es el caso de los tratados o convenciones, o a través de la creación de mejores mecanismos que permitan el cumplimiento de lo establecido en los instrumentos ya incorporados al ordenamiento interno”, manifestó.

En este sentido, dijo que muchos han sido los avances de la República Dominicana en el proceso de ratificación de los acuerdos internacionales para el combate de la delincuencia organizada transnacional, entre ellos, los instrumentos jurídicos internacionales en el ámbito de la fiscalización de estupefacientes, y en particular, los ratificados durante los últimos 5 años, que incluye las convenciones contra la corrupción, la delincuencia organizada transnacional y sus tres Protocolos y los instrumentos de lucha contra el terrorismo.

Dijo que cree en la participación activa en los cónclaves internacionales para el intercambio de buenas prácticas en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada. “Tal es el caso, a nivel regional, de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) presentada por los Estados Unidos, en la V Cumbre de las Américas, en abril del 2009, a sus socios del Caribe, los países del CARICOM y la República Dominicana, a los fines de crear un marco para la colaboración y mejoramiento de la seguridad en el Caribe”, manifestó.

Asimismo, expresó que han gestionado la incorporación de la República Dominicana en importantes órganos e instituciones del sistema.  En ese orden, citó el caso de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, en la cual el país cuenta con delegados en las Subcomisiones de Seguridad, Defensa y Jurídica.

Dijo que esos delegados forman parte de un equipo técnico interinstitucional para dar seguimiento a las diversas reuniones de dicha comisión y  que está compuesto por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de las Fuerzas Armadas, Procuraduría General de la República y la Policía Nacional.

 “Además, somos miembros de la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado en Centroamérica (REFCO)”, indicó el máximo representante del Ministerio Público.

Precisó que a nivel de Iberoamérica, han participado activamente con las líneas de trabajo definida por los Ministros de Justicia en las Asambleas Ordinarias de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Iberoamérica (COMJIB), y que recientemente participaron en la Reunión (2da fase) del Proyecto de Armonización de la Legislación Penal contra la Delincuencia Organizada en Centroamérica, celebrada en San Salvador y auspiciada por la COMJIB.

También, precisó que son miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), organismo integrado por los fiscales generales de los países de Iberoamérica, que  ha permitido afianzar los lazos de cooperación entre los países miembros.  

Explicó que a nivel hemisférico, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de las REMJAS o Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros y de Procuradores Generales y Fiscales Generales,  adoptó el Plan Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en la VI REMJA, presidida por la Procuraduría General de la República, la cual fue celebrada en Santo Domingo en abril del 2006.

“En ese mismo contexto, somos miembros activos del grupo de trabajo de Asistencia Penal Mutua y Extradiciones y presidimos el grupo de ciencias forenses, piezas claves para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional”, declaró.

Sostuvo que en el ámbito nacional, en cuanto al combate de la delincuencia y la criminalidad,  algunas formas de delincuencia organizada sólo pueden reprimirse a través de leyes, sin embargo, consideró que en otros tipos de delitos son más efectivas las políticas de prevención alejadas del modelo tradicional conocido como mano dura.

El seminario fue organizado por la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB),  la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), con los auspicios de la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECID) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), con el apoyo del gobierno que el presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Logros RD lucha contra el crimen

El procurador Radhamés Jiménez Peña precisó que la política diseñada por la Procuraduría General de la República para combatir la criminalidad organizada a nivel nacional, ha permitido que hoy se puedan exhibir importantes logros en la persecución de redes criminales nacionales e internacionales.

Entre esas acciones citó la persecución hasta lograr sanción a los implicados, incluyendo militares activos en la comisión del hecho, como en la matanza por asuntos de narcotráfico, de 7 extranjeros, en la comunidad de Paya, provincia Peravia.

“La desarticulación y procesamiento de la red de crimen internacional dirigida por el “capo” José David Figueroa Agosto, conocido en Puerto Rico como “Junior Capsula”, en la actualidad, privado de libertad en una cárcel de Estados Unidos al igual que decenas de los integrantes de la referida organización criminal que están siendo procesados y/o juzgados, unos en Puerto Rico y otros en República Dominicana”, comentó.

Se refirió también al arresto y procesamiento de la Red que atentó contra el abogado y comunicador José Jordi Veras, así como a las incautaciones millonarias de los bienes del procesado, en el Reino de España, Arturo del Tiempo.

Además, se refirió a la incautación y posterior decomiso de los bienes de los Hermanos Benítez, como consecuencia de una Solicitud de Asistencia Internacional y posterior firma de convenio sobre repartición de bienes con los Estados Unidos de América.

También, al arresto y posterior extradición de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y a la desarticulación del Cartel del Cibao, red dedicaba al narcotráfico y lavado de activos, que funcionaba principalmente entre Santiago y Samaná. En la actualidad, dijo, varias personas que están siendo procesadas y un sinnúmero de  bienes incautados relacionados a este caso.

Explicó que desmantelaron una organización criminal, integrada por sicarios, narcotraficantes y lavadores de activos, que en el mes de septiembre asesinaron en 24 horas a 4 colombianos y un español, en la ciudad de Santiago. Con relación a ese hecho, señaló que en la actualidad hay 6 personas privadas de libertad por el caso, y que el Ministerio Público ha incautado 325 millones de pesos, como parte de la investigación de lavado de activos que se lleva concomitantemente con la investigación de los asesinatos.

Dentro de las acciones de la Procuraduría para la prevención y persecución de la criminalidad organizada recordó la creación  de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos bajo la dependencia de la Dirección Nacional de Persecución de  Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, organismo que fue creado con el objetivo de trazar las políticas de persecución a nivel nacional.

“Muchos han sido los logros alcanzados por el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, y la justicia dominicana, en cuanto al combate de la delincuencia organizada transnacional, sin embargo, estamos conscientes de que aún nos falta un gran camino por trillar en aras de prevenir, perseguir y sancionar eficazmente las acciones propias de este flagelo”, expuso el magistrado Jiménez Peña.