POR TANIA HIDALGO
El Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, se quejó ayer de que el Ministerio Público se encuentra en una situación de inequidad y desbalance en cuanto a las condiciones materiales frente al Poder Judicial. Sostuvo que no es posible que mientras un juez de primera instancia devenga un sueldo de 80 mil pesos, un fiscal perciba un salario de 40 mil pesos.

“Estamos totalmente de acuerdo con que las condiciones materiales de los jueces debe ser las mejores, pero también en esa misma medida creo que debe ser tomada la posición del fiscal”, puntualizó. El doctor Jiménez Peña fue entrevistado en el programa Institucionalidad y Justicia, de la FINJUS, que se transmite  por CDN Canal 37.

Dijo que el pasado miércoles en el Consejo de Gobierno, encabezado por el presidente Leonel Fernández, expresó la situación de inequidad material entre el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Si yo permanezco callado ante esta situación, pues entiendo que no soy merecedor de estar al frente de la Procuraduría General de la República”, agregó.

Añadió que es realmente preocupante, tras indicar que la Procuraduría General tiene responsabilidad con otros sectores importantísimos de la sociedad, como es el caso del sistema carcelario.

Refirió que en el país funcionan 37 recintos penitenciarios y 8 recintos de reformación de menores, “los cuales debemos mantener y sostener”.  

En ese sentido, expresó su inconformidad con la asignación del presupuesto de la Procuraduría General de la República.

DIRECCION DE PROTECCION A VICTIMAS DE DELITOS

Por otro lado, Jiménez Peña informó que están trabajando en la creación de la Dirección de Protección a los Derechos de las Víctimas de Delitos que tendrá como objetivo fundamental garantizar que las víctimas de delitos, que en más de un 90 por ciento son personas de escasos recursos económicos y no tienen la posibilidad de acceder a los servicios de un abogado, tengan asistencia profesional legal.

Explicó que este personal será el contrapeso a los defensores públicos que asisten a los imputados.

Estimó que para febrero o marzo se estará anunciando formalmente la conformación de esta dirección. Garantizó que los profesionales y componentes del proyecto responderán a los estándares que requiere la profesionalidad  que debe tener un cuerpo de esta naturaleza.

ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO

Por otro lado, Jiménez resaltó los logros y avances obtenidos por la Escuela del Ministerio Público.

Citó -a modo de ejemplo- que en enero próximo estudiantes de siete países, como Paraguay, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Perú, vendrán a estudiar becados a esa institución. El objetivo nuestro es convertir nuestra escuela, en la Escuela del Ministerio Público de las Américas.

MODELO DE GESTION

Asimismo, resaltó que “la Procuraduría está implementando un nuevo modelo de gestión que consiste en el servicio y la reestructuración de las diferentes fiscalías del país de cara a la sociedad, es decir, es una reestructuración de todo el sistema organizativo tendente a hacerlas más efectivas, más accesibles al ciudadano y, sobre todo, con miras a establecer y fortalecer el sistema de evaluación de los fiscales”.

Refirió que este nuevo modelo ya está siendo implementado en las fiscalías de Baní, La Vega y La Romana. Informó que en los próximos días se iniciará en otras cuatro provincias.

DECLARACION JURADA

En otro orden, Jiménez Peña informó que para principios del 2007, de manera aleatoria, se practicarán auditorias a las declaraciones juradas de bienes que hacen los funcionarios públicos para determinar si lo declarado se corresponde con la verdad.

“Un cuerpo de auditores del Departamento de Prevención de la Corrupción (DPC) seleccionará, a través de la computadora, a cualquier funcionario; puede ser un juez, un fiscal, un funcionario de Estado para verificar si actuaron acorde con la verdad, añadió.