El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, resaltó las principales acciones que emprendió la institución en el año 2010 para mejorar su funcionamiento y elevar la calidad en el servicio.

El magistrado Jiménez Peña se refirió a la transparencia institucional, la instalación de la Carrera del Ministerio Público, la reforma al sistema penitenciario y los avances en la política de género. Igualmente, destacó la implementación del Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalías, que alcanza al y el proyecto automatizado Justicia Siglo XXI.

Avance institucional 2010

En primer orden, antes de referirme a los avances institucionales del Ministerio Público propiamente hablando, me gustaría destacar la importancia que ha tenido para nuestra consolidación institucional el proceso de reforma constitucional en la República Dominicana. En efecto, la reforma constitucional se presentó como el escenario ideal para encauzar el proceso de definición institucional del Ministerio Público, para asegurar la sostenibilidad de la institucionalización que actualmente muestra, así como para consolidar con mayor fuerza los importantes cambios que ha venido experimentando en los últimos años.

Sistema penitenciario

Es mucho lo que habría que decir del Nuevo Modelo Penitenciario dominicano, pero haré algunas breves puntualizaciones. Al día de hoy hemos transformado trece cárceles tradicionales en Centros de Corrección y Rehabilitación. Dichos Centros de Corrección han transformado de manera radical las condiciones de vida de los reclusos, posibilitando una verdadera reinserción social de la persona privada de libertad.

Como ejemplo de esta política de reinserción social, mencionamos el proyecto implementado en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Haras Nacionales, con la asistencia de la Misión Técnica Agrícola de Taiwán, de la creación de invernaderos a los fines de instalar esta nueva técnica de cultivo bajo techo para promover el trabajo digno entre los internos, proyecto que estamos extendiendo a otros centros.

Asimismo, destacamos la creación de préstamos a ex internos para fomento de microempresas. Se trata de personas que estuvieron una vez privadas de su libertad, y que, al reinsertarse a la sociedad, han observado un buen comportamiento, con muestras de efectiva regeneración, superación y aportes a su desarrollo personal, familiar y de la comunidad. Estos préstamos son concedidos por la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), con el aval del Ministerio Público y la Pastoral Nacional Penitenciaria. Se procura que los internos puedan crear sus propios negocios y que sirvan de ejemplo para las personas privadas de libertad que recién salen de los centros penitenciarios.

Podemos afirmar que en la historia de la República Dominicana nunca antes se había puesto tanto empeño en enfrentar problemas tan olvidados y a la vez importantes para la sociedad como el tema penitenciario. Nuestra meta es que más del 50% de las 37 cárceles del país operen dentro del nuevo modelo, con programas diversos para la regeneración y actividades productivas que formen al interno.

La atención post penitenciaria es también fundamental para el proceso de rehabilitación social del interno, por lo que hemos articulado el funcionamiento de las Casas del Redentor a esos fines, contando con unos 10 centros distribuidos en todo el país. Dicha iniciativa ha producido una de las más bajas tasas de reincidencia conocidas en el mundo, un  2.7 %, teniendo en cuenta que en los países desarrollados la tasa de reincidencia oscila entre el 39% y el  72%.

Grosso modo, la organización e instauración de este nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, se fundamenta en las siguientes conceptualizaciones:

Un nuevo concepto socio jurídico y humanista que establece como beneficioso para el individuo y para la sociedad el trabajo de reeducación

Un marco jurídico normativo  nacional e internacional que establece un cauce institucional realista para la concreción de esa visión restauradora

Jerarquización del talento humano como factor estratégico, mediante el establecimiento de una entidad educativa penitenciaria y de una Carrera Penitenciaria

La aplicación creativa del sistema progresivo de reeducación, hasta culminar con su reinserción social de la mano de la atención post penitenciaria

La creación de la infraestructura física y la plataforma de medios y servicios

El reconocimiento de la necesidad de un consenso social proactivo para colocar la cuestión penitenciaria en el interés de la Nación como forma de hacer viable y sostenible la reforma

Estos grandes esfuerzos son atravesados, como ejes transversales, por la asistencia jurídica, social, psicológica y sanitaria, y están encaminados esencialmente a lograr la rehabilitación para devolver a la sociedad hombres y mujeres disciplinados y productivos, respetuosos de la ley y la sociedad.

Debo señalar que erradicar el sistema penitenciario tradicional ha sido una tarea ardua que ha implicado desarraigar y desmontar toda una estructura histórica de abusos, trafico de influencias, inequidad, privilegios, violación de derechos y corrupción en el más amplio sentido, sin embargo, asumimos el compromiso, pudiendo ver ya los frutos de nuestro gran esfuerzo, al punto de ser considerados modelo a nivel regional.

Modelo de fiscalías

El Código Procesal Penal nos ha llevado a asimilar nuevos principios, valores e instituciones, por lo que nos hemos visto en la necesidad de transformar nuestra cultura organizacional y modificar nuestras viejas prácticas. Este cambio ha implicado modificar, tanto aspectos gerenciales, como organizativos, metodológicos, de distribución de la carga procesal, de infraestructura física, tecnológica, etc., así como en cuanto a los sistemas de indicadores de gestión y desempeño institucional, bajo lo que conocemos como Modelo de Gestión de Fiscalías.

Para alcanzar tales objetivos, hemos partido, como enfoque integral del modelo, de un proceso de planificación estratégica que definió desde la misión institucional hasta el establecimiento de sistemas de evaluación de la gestión a través de indicadores de gestión. Los resultados alcanzados a la fecha han sido más que satisfactorios:

• Tenemos 31 Procuradurías Fiscales funcionando bajo el nuevo modelo de gestión, transmitiendo un mensaje claro, a lo interno y externo de la institución, acerca de la nueva filosofía de servicio, los esquemas operativos y los nuevos parámetros de valoración de los resultados que la institución promueve activamente

• Tenemos un plan de expansión en marcha que logrará integrar a las Procuradurías Fiscales de mayor volumen de trabajo (Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago)

• Hemos capacitado adecuadamente a los Fiscales, y al personal administrativo bajo el nuevo modelo de gestión, transmitiéndoles la nueva filosofía de servicio, así como el nuevo sistema de procesamiento de casos

• Hemos implementado un sistema de auditorías procesales e indicadores de gestión, lo cual nos está permitiendo evaluar el desempeño de los Fiscales y los resultados de las Procuradurías Fiscales, en función de los parámetros institucionales establecidos

Herramientas tecnológicas

En este ámbito, hemos trabajado en la implementación del sistema Justicia Siglo XXI, herramienta aplicada desde finales del año 2006, en la cual se apoya el Ministerio Público para la preparación y desarrollo de las actuaciones que permitan procesar los casos penales que ingresan a las fiscalías.

Dicho sistema maneja una serie de módulos básicos que se interrelacionan entre sí, como son: casos en etapa preparatoria y audiencia preliminar, expedientes en etapa de juicio, sujetos y bienes. De esta forma, permite sistematizar informaciones pormenorizadas sobre los tipos de delitos que ocurren en los diferentes sectores de los distritos judiciales en los cuales se implementa el sistema, lo cual facilita el seguimiento adecuado de los casos asignados.

Como es sabido, el Ministerio Público tiene como una de sus responsabilidades el brindar apoyo en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Democrática, lo que implica que debemos mantener un sistema de información actualizado, que pueda servir de insumo a otras instituciones con el objetivo de agilizar la investigación y persecución de los hechos delictivos.

Política de género

En nuestra gestión creamos la Procuraduría General Adjunta para asuntos de la Mujer, la cual ha estructurado, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, el Plan de Acción Estratégico para la prevención y lucha contra la violencia de género en la República Dominicana. En el marco de dicho plan estratégico, hemos concertado una serie de acuerdos interinstitucionales para el establecimiento de políticas comunes en cuanto al efectivo abordaje de esta problemática. Procuramos establecer un modelo integral de atención a las víctimas y agresores en todo el territorio nacional, focalizando los puntos críticos regionales de violencia de género e intrafamiliar.

Dentro de todas las iniciativas desarrolladas podemos citar algunos casos como, por ejemplo, la campaña  “Pégale a la Pared”. Esta iniciativa, llevada a cabo con la colaboración de la Oficina de las Mujeres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, consiste en una campaña de prevención contra la violencia de género orientada hacia los hombres, y estructurada con la asesoría de profesionales de la conducta que de manera directa trabajan con intervención en crisis de mujeres víctimas y hombres agresores.

Para la realización de la misma, estratégicamente hemos utilizado la imagen de artistas con una trayectoria personal y profesional intachable, dado el impacto que tienen en los segmentos poblacionales de diversos estratos sociales. La campaña consta de dos (2) spots publicitarios de 30 segundos de duración, en versiones de radio y televisión, con la participación de los reconocidos artistas Juan Luís Guerra y Gilberto Santa Rosa, siendo difundida de manera simultánea en los dos países, algo sin precedentes en campañas de este tipo.

Otras de las iniciativas implementadas para enfrentar el flagelo de la violencia contra la mujer, han sido la creación de la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, así como la estructuración de un Observatorio Nacional Estadístico especializado en violencia de género, intrafamiliar y sexual, para lograr un mejor control y seguimiento de cada uno de los casos.

Transparencia

Conscientes de que uno de los rasgos fundamentales de toda institucionalización en la administración pública es la transparencia, nos propusimos conformar la primera Oficina de Acceso a la Información Pública para poder brindar a la ciudadanía un servicio permanente y actualizado de acceso a los documentos públicos. Dicha Oficina cuenta con un personal elegido por Concurso Público, posibilitando así la implementación del primer Piloto Modelo de Transparencia de nuestro país, proceso liderado por la Institución que representamos.

Esta Oficina de Acceso a la Información Pública ofrece un servicio permanente que permite a toda la ciudadanía acceder, a través de la página web de la institución, a información pública actualizada, como por ejemplo: ejecución presupuestaria, nómina, desembolsos por cuentas bancarias, proyectos institucionales, relación de activos, compras, beneficiarios de programas asistenciales, declaraciones juradas, vacantes, por citar unas cuantas,  de una manera fácil, veraz, adecuada y oportuna.

Podemos decir que dicha iniciativa ha marcado un hito en la historia de los servicios públicos de la República Dominicana. Este cambio radical de cultura institucional ha logrado incrementar el acceso a los servicios que ofrece la institución, al promover cambios sustanciales en la forma de gestión de las actuaciones.

A grandes rasgos, el modelo conceptual de gestión está basado en cuatro ejes fundamentales: la descentralización del servicio, la capacitación del recurso humano, principal valor de la institución, a través de un sistema de incentivos y orientado hacia resultados, la infraestructura tecnológica, logrando aumentar la plataforma tecnológica en un altísimo porcentaje, lo que se ha traducido en una reducción significativa del tiempo de respuesta al usuario, y la optimización de los servicios ofrecidos a través de la reingeniería de procesos.

Estos importantes logros nos han colocado en el primer lugar en cuanto a índices de transparencia en la administración pública se refiere, tal como ha sido reconocido por Transparencia Internacional al otorgarnos el primer lugar, por tercera vez consecutiva, como Institución más transparente del país.

Instalación de la Carrera

En términos de fortalecimiento institucional, cabe señalar la instalación de la Carrera del Ministerio Público. Al día de hoy hemos dado cierre formal al arduo pero enriquecedor proceso de puesta en marcha de la Carrera del Ministerio Público, integrada a la fecha por 664 fiscales, de un total de 921, para un 72% que ha satisfecho todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes.

El legislador dominicano, con el marcado interés en dotar de estabilidad e independencia funcional a los miembros del Ministerio Público, estableció, por medio de la Ley 78-03, mejor conocida como el Estatuto del Ministerio Público, una carrera especial para los funcionarios del Ministerio Público que estaban ya en funciones, dando el primer paso significativo en la implementación de dicha carrera el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, quien, en agosto de 2004, y previo a la designación de los miembros del Ministerio Público, emitió el decreto número 873-04, en el cual estableció el carácter provisional de las designaciones a efectuar, tomando en cuenta que, de conformidad con el Estatuto, correspondía a la Escuela Nacional del Ministerio Público conducir los correspondientes procesos de evaluación.

Este proceso de instalación de la Carrera incorporó dos dimensiones, una académica y otra relacionada al desempeño. En tal sentido, las personas que superaron satisfactoriamente las evaluaciones de selección inicial llevadas a cabo en 2005, adquirieron la condición de miembros del Ministerio Público aspirantes a la Carrera, quienes, a partir de ello, pasaron a un proceso de formación dividido en dos etapas: un primer Programa Extraordinario de Formación, seguido de un segundo programa de Carácter Completivo. De igual modo, se condujo un proceso de evaluación del desempeño que permitió asegurar la idoneidad del aspirante para el cargo.

En cuanto a la evaluación de desempeño y antecedentes, esta fase tuvo como finalidad principal verificar los estándares mínimos preestablecidos para poder ser considerada la entrada de un fiscal a la Carrera, así como dar a conocer a la persona evaluada y a su supervisor cuáles son las fortalezas y los aspectos que requieren un plan de mejoramiento o acciones enfocadas hacia el crecimiento y desarrollo continuo, tanto personal como profesional, para impactar de forma positiva en los resultados esperados. Un proceso arduo, pero que ha dado los frutos esperados.

Reconocimiento constitucional de la Carrera

Una de las debilidades históricas del Ministerio Público ha sido la carencia de un sistema de carrera. Esto ha creado tres problemas fundamentales. Primero, ha impedido que estos funcionarios, es decir, los fiscales,  actúen con independencia en el cumplimiento de sus funciones. La segunda dificultad es que la designación libre de fiscales ha llevado en ocasiones a que ocuparan cargos dentro de la institución personas sin la preparación o vocación mínimas para ejercer dichas funciones. Tercero, la falta de carrera implicaba que no existiera continuidad de esfuerzos ni de formación. Por tales motivos, la consagración constitucional de la Carrera del Ministerio Público vendría a fijar de manera precisa e inequívoca la sostenibilidad de los avances logrados, como al efecto se hizo.

Autonomía presupuestaria

La experiencia reciente demuestra la importancia que tiene la seguridad presupuestaria para el Ministerio Público. La reforma del sistema judicial dominicano ha conllevado una reforma total del papel del Ministerio Público y exige su profesionalización y su adecuación técnica y material. Es imposible que el Ministerio Público pueda desempeñar con eficacia su labor si no cuenta con los recursos mínimos necesarios, sin olvidar, además, que tiene a su cargo la responsabilidad de administrar y sostener el sistema penitenciario, el cual absorbe un gran porcentaje de su presupuesto.

Esta autonomía presupuestaria y administrativa tiene su lógica en asegurar el autogobierno del Ministerio Público, propiciando un marco de actuación que no pueda ser afectado por el gobierno central sin necesidad manifiesta.

Procurador en Consejo de la Magistratura

La anterior Constitución sólo reconocía la participación del Ministerio Público en la persona del Procurador General de la República, en calidad de suplente en el Consejo Nacional de la Magistratura, en ausencia del Presidente de la República. Si tomábamos en cuenta el papel estelar que el nuevo proceso penal le reserva al Ministerio Público, así como la visión del sector justicia como un sistema, se aconsejaba una participación del Ministerio Público por derecho propio en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta idea viene fortalecida toda vez que en nuestro país el Ministerio Público asume también la función de Ministerio de Justicia.

Si bien es cierto que aún se impone para el Ministerio Público una reflexión profunda, puesto que no cabe duda que el modelo procesal acusatorio requiere un mayor protagonismo de la institución y, con ello, una precisa definición de su rol, sólo nos queda seguir trabajando incansablemente como hasta ahora hemos hecho, con el objetivo de continuar consolidando los avances alcanzados. Seguir apostando a un Ministerio Público cada vez más fuerte y comprometido. De eso, que no les quepa la menor duda.