San Juan de la Maguana
El procurador general de la República reclamó al ministro de Defensa y a la Dirección General de Migración (DGM) descontinuar la práctica de liberar sin cargos a los contrabandistas y traficantes de indocumentados, así como que se desconozca el destino de las mercancías incautada porque viola la Ley 133-11.
En una carta enviada el ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, fechada el pasado 22 de junio y cuya copia posee este redactor, Jean Alain Rodríguez, advierte a Paulino Sem lo siguiente:
“Los distintos miembros de las instituciones militares y policiales que prestan servicios en la frontera que incauten bienes y valores en forma preventiva o de persecución, automáticamente remitan y formalmente entreguen en su totalidad y en las mismas condiciones y como fueron retenidos dichos bienes a la fiscalía de la provincia en la que se haya producido el ilícito, quienes coordinarán con la Unidad de Bienes Incautados de esta Procuraduría General de la República, para así dar cumplimiento a la ley y lograr además la adecuada conservación de las evidencias y la preservación de la cadena de custodia del cuerpo del delito”.

Rodríguez señala que, “el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Publico No. 133-11, en su artículo 26, numeral 3, atribuyen al Ministerio Público la responsabilidad exclusiva de custodiar y conservar, sin menoscabo alguno, todos los bienes muebles e inmuebles en general, que funjan como evidencia y efectos materiales vinculados al hecho punible, que hayan sido incautados o secuestrados como consecuencia de la investigación, a los fines de salvaguardar los medios de pruebas y ejercer la acción pública en representación de la sociedad”.
Rodríguez recuerda a los militares y demás agencias que conforme a lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 155-17, se establece que el personal militar y policial que en el marco de sus funciones, disponga de bienes y fondos incautados o los retenga para su uso personal o de terceros, sin que estos bienes les hayan sido temporalmente asignados por escrito por el Ministerio Público para su conservación, podrían ser sancionados con prisión mayor de 2 a 5 años y una multa de 200 a 400 salarios mínimos.

Los principales funcionarios del Ministerio Público de esta provincia, doctores Pedro Antonio Mateo Ibert y Salín Valdez Montero, en reiteradas ocasiones se han quejado de que los militares dejan en libertad a los contrabandistas y traficantes de haitianos indocumentados y, además, envían al Ministerio de Defensa los productos decomisados en operativos realizados en San Juan y Elías Piña.

Producto de esa situación, este redactor publicó hace poco más de una semana un amplio trabajo dando cuenta de disgustos al interior de las agencias militares que prestan servicios en la zona, quienes expresaron que liberar sin cargos a los traficantes de mercancías y de indocumentados les tumba la moral y los desincentiva.
También expresaron que esa práctica incentiva al macuteo entre los militares que prestan servicio en más de 12 puestos de chequeos y registros que están instalados desde Hondo Valle, Pedro Santana y Comendador hasta el puente de Los Pilones, en Azua.